La resolución del juez federal en lo penal económico Diego Amarante representa un revés judicial para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y, en particular, para Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino, quienes intentaban que una nueva denuncia de ARCA se investigara en un expediente separado.
Qué resolvió la Justicia
El magistrado rechazó los planteos de las defensas y determinó que la nueva denuncia presentada por ARCA quede incorporada a la causa principal en la que ya se investigan presuntas irregularidades vinculadas con la retención y el no depósito de aportes por aproximadamente 19.000 millones de pesos.
Los abogados de los dirigentes sostenían que la nueva acusación incluía hechos distintos, correspondientes a otros períodos fiscales y posibles delitos diferentes, por lo que debía abrirse una causa independiente y asignarse a otro juzgado mediante sorteo.
Sin embargo, Amarante consideró que existen suficientes elementos de conexión entre ambos expedientes, ya que involucran a la misma entidad, a varios de los mismos imputados y a maniobras que podrían formar parte de un mismo esquema investigado.
Las nuevas acusaciones
La ampliación de la denuncia apunta a una presunta evasión agravada mediante la utilización de facturación apócrifa entre 2024 y 2025.
Según ARCA y la fiscalía, se investigan operaciones por más de $289 millones vinculadas a gastos cuya documentación presenta irregularidades. Además, se analiza si los hechos podrían encuadrarse en una posible asociación ilícita fiscal.
Entre las observaciones realizadas por el organismo recaudador figuran: Proveedores supuestamente inexistentes o imposibles de localizar.
Empresas sin empleados ni estructura operativa suficiente. Domicilios considerados falsos o inconsistentes. Facturación de actividades que no guardan relación con el objeto social declarado. Movimientos financieros y bancarios considerados sospechosos.
Empresas bajo análisis
La denuncia menciona a 24 proveedores cuyos servicios y facturaciones fueron cuestionados.
Entre los casos señalados figura la empresa Central Hotel S.R.L., que habría facturado trabajos de obras en el predio de Ezeiza pese a estar registrada para actividades hoteleras.
También aparecen bajo investigación Capadoccia S.R.L. y Prussian Blue S.R.L., por presuntas inconsistencias respecto de su capacidad operativa y la prestación efectiva de los servicios facturados.
Qué puede ocurrir ahora
La decisión no implica una condena ni una confirmación de los delitos investigados. Lo que hace es permitir que la pesquisa continúe unificada y avance sobre las nuevas líneas de investigación.
Se espera que las defensas apelen la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que además ya tiene bajo estudio los procesamientos dictados contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes.
Mientras tanto, la fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar si existieron maniobras de evasión fiscal mediante facturación apócrifa y si esas conductas estuvieron coordinadas dentro de una estructura organizada.
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