La santiagueña Agostina Páez compartió una publicación en su perfil de tiktok en donde expresó cómo vive estos momentos, luego de ser imputada
La abogada argentina Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde hace más de dos semanas, luego de ser imputada por el delito de injuria racial tras un incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro. En las últimas horas, la joven santiagueña difundió un video en su cuenta de TikTok en el que expresó su angustia por la situación judicial que atraviesa: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, afirmó.
Páez se encuentra bajo medidas judiciales que incluyen la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, disposiciones que, según su defensa, no tienen un plazo definido. En su mensaje, la abogada aseguró que está “a disposición de la justicia desde el primer día” y cuestionó la decisión de avanzar con una orden de prisión preventiva por presunto “peligro de fuga”. “Siento que se están vulnerando todos mis derechos”, sostuvo.
La causa se originó el pasado 14 de enero, cuando una discusión por el pago de una cuenta en un bar de Ipanema derivó en una denuncia penal. De acuerdo a la información difundida por la Policía Civil de Río de Janeiro, la investigación se cerró y fue remitida al Ministerio Público, imputando a Páez por insultos de carácter racista dirigidos a un trabajador del local. En el expediente también se encuentra involucrada una amiga de la acusada, investigada por falso testimonio.
En diálogo con medios argentinos, el abogado defensor Sebastián Robles explicó que el conflicto comenzó luego de que las turistas abonaran la cuenta y fueran interceptadas por empleados del bar que exigían un pago adicional. Según la defensa, ante la negativa, se produjeron discusiones y provocaciones. “Hay registros de cámaras que muestran que cinco empleados no las dejaban salir del local”, afirmó el letrado.
Robles indicó que las imágenes de seguridad también muestran gestos obscenos por parte de un empleado hacia el grupo, situación que habría generado la reacción de Páez. La abogada reconoció haber realizado un gesto en ese contexto, el cual fue grabado por terceros y presentado como prueba en su contra. “Hubo provocaciones previas”, insistió la defensa.
En Brasil, el delito de injuria racial está equiparado legalmente al racismo y contempla penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Desde el inicio del proceso, a Páez se le retuvo el pasaporte, luego se le colocó una tobillera electrónica y, aunque recuperó su documento, continúa impedida de abandonar el país.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso.
La defensa presentó un recurso de habeas corpus con el objetivo de que la acusada pueda regresar a la Argentina y continuar el trámite judicial de manera virtual. “La intención es que pueda volver al país y cumplir con las instancias procesales correspondientes”, explicó Robles.
La situación personal de Páez se agravó en los últimos días tras un episodio de inseguridad en el departamento donde se alojaba, lo que motivó su mudanza. Su familia expresó preocupación por su estado emocional y evalúa viajar a Brasil para acompañarla. “Está aterrada”, relató su padre, Mariano Páez, en declaraciones a la prensa.
Desde la Policía Civil de Río de Janeiro remarcaron públicamente que “el racismo no es una broma” y que el hecho no quedó impune. Mientras tanto, la Embajada Argentina en Brasil informó que ofreció asistencia consular, aunque sin intervención en el proceso judicial.
El caso continúa bajo análisis de la Justicia brasileña y permanece abierto, sin plazos definidos para una resolución, en un contexto que combina repercusión pública, tensión legal y preocupación familiar.
