El acusado tras ser detenido
Un abogado de la localidad bonaerense de San Martín fue detenido acusado de falsificar la firma y el sello de una jueza en documentación presentada en un expediente vinculado a régimen de visitas y cuota alimentaria.
La investigación se inició tras la denuncia realizada por la titular del Juzgado de Familia N°2 de San Martín, Lorena Martos, quien detectó irregularidades en documentos judiciales donde figuraban una firma y un sello apócrifos atribuidos a su persona.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de San Martín, a cargo de la fiscal Verónica Andoniades, mientras que las tareas investigativas fueron desarrolladas por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía bonaerense.
Según trascendió, el caso salió a la luz luego de que un ciudadano contactara al abogado a través de redes sociales para gestionar trámites relacionados con cuestiones familiares. El hombre fue citado a un domicilio particular que funcionaba como supuesto estudio jurídico, aunque posteriormente se comprobó que no contaba con habilitación ni registro para ejercer allí la actividad profesional.
Con las pruebas recolectadas, la fiscalía solicitó dos allanamientos que fueron autorizados por el juez de Garantías N°2 de San Martín, Mariano González.
Durante los operativos fue detenido Luciano Martín Rossi, de 35 años. En los procedimientos, los efectivos secuestraron una notebook, un teléfono celular, documentación, dos talonarios de recetarios en blanco y 12 sellos correspondientes a distintas profesiones.
El letrado quedó imputado en una causa caratulada como “falsificación de sellos oficiales y falsificación o adulteración material de documentos”, delitos contemplados en el Código Penal dentro de los delitos contra la fe pública.
La legislación vigente prevé penas de entre uno y seis años de prisión para quienes adulteren sellos oficiales, mientras que la falsificación de firmas o marcas utilizadas en oficinas públicas puede derivar en condenas de seis meses a tres años de cárcel.
El caso reavivó antecedentes recientes en el ámbito judicial, como la condena dictada en Concordia contra el abogado Pedro De La Madrid, sentenciado por falsificación de documentos, estafas procesales y ejercicio ilegal de la profesión, entre otros delitos.
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