Carlos Rohm, el banquero condenado
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 dictó una sentencia clave en una causa histórica vinculada al colapso financiero de 2001. Los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni condenaron al exvicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), Carlos Alberto Rohm, a cinco años de prisión por encabezar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos de ahorristas.
El fallo, emitido el viernes pasado, también dispuso el decomiso de más de 45 millones de dólares, dinero que será destinado a resarcir a las víctimas.
Un proceso extenso y con fuerte respaldo técnico
La investigación judicial se prolongó durante más de un año y tres meses. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset, con el acompañamiento técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), dirigida por María Fernanda Bergalli, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena.
Según la fiscalía, Rohm y sus colaboradores sostuvieron durante años un esquema de manejo desleal de fondos que terminó afectando a cientos de clientes del banco.
Ocho funcionarios recibieron penas condicionales
Además de la condena principal, el tribunal impuso tres años de prisión en suspenso a otros ocho exdirectivos y empleados de la entidad:
Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli.
La fiscalía señaló que todos formaban parte de la estructura que permitió ejecutar las maniobras ilícitas.
Fondos recuperados y reparación a las víctimas
El tribunal ordenó el decomiso de USD 45.685.000, localizados en entidades financieras internacionales.
Los montos más significativos corresponden a Credit Suisse (USD 25.494.000) y JP Morgan Chase Bank (USD 19.740.000).
El dinero deberá ser destinado a las personas damnificadas, cuyo perjuicio se estimó en al menos USD 19 millones.
También se dispuso el decomiso de los fondos provenientes de la venta de acciones de Química Estrella S.A., que se utilizarán para cubrir la demanda civil por daño moral, fijada en $98.614.500.
Maniobras detectadas y un esquema que funcionó durante años
Durante el juicio —que comenzó el 4 de septiembre de 2024— el Ministerio Público Fiscal describió un entramado de operaciones irregulares que incluyó: desvío de fondos confiados por los clientes, compra y venta de bonos para beneficio personal, asistencia financiera ilegal a empresas y personas vinculadas, captación de depósitos sin autorización, apropiación de títulos valores ajenos.
La fiscalía remarcó que algunas maniobras ya estaban en marcha desde 1999, incluso antes del estallido del sistema financiero argentino.
El proceso contó con la participación de representantes del Banco Central, la querella unificada de los damnificados y los apoderados de los demandados civiles. Declararon cerca de cien testigos, entre ellos víctimas que perdieron sus ahorros y exfuncionarios del BCRA que impulsaron las primeras investigaciones.
Sobreseimientos por prescripción
En el marco de la causa, también figuraban exdirectivos de bancos internacionales, entre ellos William Harrison Jr. (J.P. Morgan), Bernd Fahrholz (Dresdner Bank) y Lukas Miuhlemann (Credit Suisse), quienes fueron sobreseídos por prescripción.
