El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró culpable al exjuez Walter Bento por lavado de activos y por liderar una asociación ilícita destinada al cobro de coimas, tras un juicio oral que se extendió por más de un año (Adrián Escandar)
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró este martes culpable al ex juez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y por encabezar una asociación ilícita destinada al cobro de coimas. El fallo determinó que el ex magistrado utilizó su cargo judicial para obtener beneficios económicos ilegales a través de un esquema que funcionó durante años dentro del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
El veredicto comenzó a leerse poco después de las 15 y se extendió durante la tarde, con el análisis detallado de los hechos atribuidos tanto a Bento como al resto de los acusados que integraban la organización investigada.
Antes de abordar el fondo del caso, el tribunal resolvió diversos planteos presentados por las defensas. En ese contexto, aceptó parcialmente la prescripción de delitos cuya pena máxima no supera los dos años, aunque rechazó ese argumento respecto de los cargos más graves, como asociación ilícita y lavado de activos. También desestimó los pedidos de nulidad presentados durante los alegatos finales.
Un entramado familiar para ocultar dinero ilícito
Durante el análisis de la causa, los jueces consideraron acreditado que existió un mecanismo sistemático destinado a ocultar el origen ilegal de los fondos y darles apariencia de legalidad mediante maniobras patrimoniales. Según el tribunal, la estructura se sostuvo principalmente a través del núcleo familiar del ex magistrado, donde cada integrante cumplía funciones específicas y coordinadas.
En la resolución se destacó que Bento tuvo un rol central dentro del esquema. Los magistrados señalaron que fue quien seleccionó las oportunidades de inversión, organizó la titularidad de los bienes y canalizó los recursos mediante operaciones que involucraron a familiares directos.
La sentencia también remarcó la participación de su esposa, Marta Boiza, considerada una pieza clave en la administración patrimonial. Asimismo, se determinó que sus hijos Luciano y Nahuel Bento participaron en distintas operaciones destinadas a justificar movimientos de dinero y titularidades cruzadas. El tribunal incluso señaló que se colocaron bienes a nombre de un hijo con discapacidad, lo que fue interpretado como una maniobra para encubrir activos.
Asociación ilícita y cobro de coimas
En otro tramo del fallo, el tribunal sostuvo que la organización funcionó desde 2007 con una estructura estable, permanente y orientada a cometer delitos. Según indicaron los jueces, la división de tareas y la obtención de resoluciones judiciales favorables permitieron demostrar la existencia de una asociación ilícita.
En ese marco, Bento fue considerado jefe del grupo delictivo. La sentencia afirmó que, desde su posición, dirigía las maniobras y convertía decisiones judiciales en una fuente de ingresos ilegales, direccionando expedientes a cambio de dinero.
El tribunal también identificó a Diego Alfredo Aliaga como el principal intermediario del esquema, encargado de articular contactos y garantizar el funcionamiento del circuito de sobornos.
Falsedad ideológica y beneficios indebidos
El TOF también analizó maniobras vinculadas a falsedad ideológica. Entre ellas, se destacó la obtención en 2011 de un crédito hipotecario subsidiado del Banco Nación. Según el fallo, Bento y su esposa accedieron al beneficio pese a no cumplir con los requisitos legales, ya que al momento de solicitarlo poseían varios inmuebles.
Además, el tribunal evaluó la compra de un departamento en el complejo Premium Tower realizada en 2021. En esa operación, Boiza declaró no ser persona políticamente expuesta, lo cual fue considerado falso debido al cargo que ejercía su esposo.
Un juicio extenso y con múltiples acusados
El juicio oral comenzó en julio de 2023 y concluyó tras más de 130 audiencias, en las que declararon cerca de 300 testigos y se analizaron numerosas pruebas documentales y digitales. Inicialmente, 28 personas llegaron imputadas al debate, aunque la acusación fiscal se sostuvo finalmente contra 25.
Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado la condena de Bento por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos vinculados al ejercicio irregular de la función judicial.
El ex juez permanece detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta desde noviembre de 2023, luego de ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Tras la declaración de culpabilidad, el proceso ingresará ahora en la etapa de cesura, instancia en la que se definirán las penas correspondientes a cada uno de los condenados. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos en una resolución posterior.
