Daniela Silva Muñoz y Nicolas Rodríguez, durante la campaña presidencial de 2023, en una actividad de su agrupación política
La situación judicial de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, exdirigentes de una agrupación kirchnerista de La Plata y empleados del Senado bonaerense, se agravó en las últimas horas luego de que la Justicia ampliara la imputación en su contra por nuevos hechos de abuso sexual. La investigación ya reconoce a cuatro mujeres como víctimas y no se descarta que se sumen más denuncias.
La fiscal bonaerense Betina Lacki incorporó cinco nuevos episodios de abuso sexual a la causa, entre ellos dos correspondientes a mujeres que se sumaron recientemente como denunciantes. Según surge del expediente, los hechos más antiguos se remontarían al año 2015, lo que amplía considerablemente la línea temporal de los delitos investigados.
Rodríguez y Silva Muñoz, que son pareja, fueron detenidos el 30 de diciembre pasado y permanecen privados de la libertad mientras se define su situación procesal. Ambos lideraban el Movimiento Ciudadano La Capitana y, pese a denuncias previas realizadas en 2019, continuaron acumulando poder político dentro de la Legislatura provincial. Él se desempeñaba como docente y ella fue precandidata a concejala en 2021 por el Frente de Todos.
Una de las líneas centrales de la causa apunta a determinar si existieron responsabilidades políticas más amplias. La fiscalía investiga si funcionarios o autoridades conocían las denuncias y optaron por no intervenir, o incluso si habrían colaborado en el encubrimiento de los hechos.
Nuevas denuncias y agravamiento de cargos
Las dos nuevas denunciantes relataron abusos ocurridos en el marco de vínculos militantes con los acusados. A diferencia de otros testimonios, no hicieron referencia directa a una organización sectaria, aunque sí señalaron la fuerte relación de poder que ejercían Rodríguez y Silva Muñoz sobre las jóvenes.
Con estos nuevos relatos, la fiscalía imputó delitos como abuso sexual con acceso carnal agravado —por el grave daño psicológico causado—, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio. En varios casos, las víctimas afirmaron que Rodríguez ingresaba a sus viviendas para cometer los abusos.
Actualmente, hay dos mujeres reconocidas como damnificadas en la causa iniciada en 2019 y otras dos en el expediente abierto en 2025, aunque fuentes judiciales indicaron que existen más denuncias en evaluación.
El rol de la supuesta organización mística
Otras víctimas describieron un entramado con rasgos sectarios, en el que Rodríguez se presentaba como un “Dios Kiei” y Silva Muñoz como la “sensei” de una presunta “Orden de la Luz”. Según esos testimonios, la dirigente cumplía un rol clave al persuadir a las jóvenes de que debían someterse sexualmente al líder como parte de un supuesto camino espiritual.
La Justicia considera a Silva Muñoz partícipe necesaria de los abusos sexuales agravados. De acuerdo con la acusación, facilitaba los encuentros, dejaba a las víctimas encerradas con Rodríguez y, en algunos casos, habría presenciado o participado de los ataques.
Un patrón de captación y abuso
Las denuncias describen un modus operandi reiterado: la captación de adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario mediante promesas de pasantías, becas o espacios de militancia. En algunos casos, los abusos habrían ocurrido incluso dentro de dependencias del Senado bonaerense.
Una de las víctimas relató que, siendo menor de edad, conoció a la pareja durante el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en 2016. Poco después, Rodríguez la habría amenazado con armas blancas para obligarla a practicarle sexo oral, una modalidad de intimidación que se repite en otros testimonios.
Al ordenar las detenciones, el juez de Garantías Juan Pablo Masi sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar que las víctimas eran privadas de su libertad y sometidas a abusos reiterados. En su resolución, también remarcó el contraste entre el rol público de Silva Muñoz como referente de género y las conductas que se le imputan en la causa.
La investigación continúa en curso y la Justicia evalúa nuevas medidas mientras se aguarda la indagatoria de los acusados y una eventual definición sobre la prisión preventiva.
