Fotografía del 15 de enero de 2026 del hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, fue incluido en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar en operaciones de tráfico de cocaína y armas en coordinación con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Para los investigadores, el caso constituye un eslabón clave en la presunta articulación entre estructuras del narcotráfico colombiano y altos funcionarios del gobierno venezolano.
Según documentos judiciales, la Fiscalía estadounidense atribuye a Maduro Guerra el envío de cargamentos de droga desde territorio venezolano hacia Miami y Nueva York, utilizando rutas ocultas, logística portuaria y contenedores metálicos para eludir controles federales. Las Farc, catalogadas como organización terrorista por Washington, habrían actuado como proveedor y garante de seguridad.
Uno de los episodios señalados ocurrió en 2020, cuando Maduro Guerra habría participado de una reunión en Medellín con representantes del grupo insurgente para coordinar la salida de cargamentos y el intercambio de armas por cocaína. El acuerdo contemplaba que parte de los pagos se realizara en armamento, a fin de asegurar vigilancia, transporte y protección de las rutas.
Los fiscales describen un entramado que operó durante al menos seis años y que continuaría proyectado más allá de 2026. Entre los acusados figuran Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro, Héctor Rusthenford Guerrero Flores y otros involucrados no identificados. La acusación les atribuye fabricación, distribución y tenencia de sustancias controladas con destino a Estados Unidos, con conocimiento de que serían trasladadas por aguas bajo jurisdicción norteamericana.
En uno de los envíos analizados se planificó el desembarco de 500 kilogramos de cocaína cerca de Miami, mientras que otras cargas serían ocultadas en chatarra metálica con destino a puertos de Nueva York. Las autoridades señalan que la infraestructura portuaria venezolana y la intervención de funcionarios habrían facilitado el ocultamiento de los embarques.
Alianzas con el ELN y disidencias de las Farc
Las acusaciones de Washington coinciden con investigaciones periodísticas y de inteligencia que, desde hace años, describen un ecosistema de colaboración entre grupos armados colombianos y el régimen venezolano.
Documentos y grabaciones analizadas por agencias de inteligencia muestran que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc operan desde Venezuela con apoyo logístico y militar. Un video grabado en 2020 en Elorza (Apure) exhibió a Julián Chollo, segundo cabecilla del Frente Acacio Medina, expresando respaldo político a Nicolás Maduro ante campesinos y militantes del oficialismo.
Según datos citados por medios colombianos, el ELN cuenta con alrededor de 1.400 hombres desplegados en Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas; mientras que las disidencias mantienen unos 200 combatientes en Zulia, Táchira y Apure bajo la influencia de alias “Iván Mordisco”. La Segunda Marquetalia, por su parte, aloja a trece jefes en territorio venezolano.
Informes recientes reportan al menos 30 pistas clandestinas en Zulia y Amazonas destinadas al tráfico aéreo de drogas, junto a rutas fronterizas utilizadas para contrabando de armas. Interceptaciones electrónicas habrían registrado negociaciones para adquirir misiles y lanzadores mediante intermediarios rusos, con pagos propuestos del orden de USD 5 millones a estructuras militares venezolanas.
