Roger Mariaca, fiscal General del Estado. Fue colocado en una lista negra por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El Departamento de Estado incluyó al fiscal general boliviano en una lista de funcionarios sancionados y lo acusó de corrupción y de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó las acusaciones y habló de una posible injerencia extranjera.
El gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, deberá definir los próximos pasos tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios judiciales, policiales y empresarios del país, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Rider Mariaca Montenegro.
La medida fue comunicada por el Departamento de Estado norteamericano y alcanza a funcionarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. En el caso boliviano, Washington acusó a Mariaca de haber utilizado sus cargos públicos para recibir sobornos, facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que personas involucradas en delitos violentos evitaran la acción de la Justicia.
Las acusaciones fueron rechazadas por Mariaca, quien cuestionó la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia y calificó las medidas como una forma de injerencia.
Una advertencia previa de Estados Unidos
La decisión había sido precedida por una advertencia de la representación diplomática estadounidense en La Paz. El 15 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos señaló que utilizaría las herramientas disponibles para sancionar a funcionarios que, según sus investigaciones, utilizaran sus cargos para facilitar hechos de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico.
La inclusión de Mariaca en la lista supone además restricciones migratorias para el fiscal y, en términos generales, para sus familiares directos.
Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024, durante el gobierno de Luis Arce, y tiene mandato previsto hasta 2030. Antes de asumir el cargo nacional se desempeñó como fiscal en Santa Cruz de la Sierra.
Uno de los elementos mencionados en el informe estadounidense es la presunta relación de Mariaca con personas vinculadas al narcotráfico. Entre los nombres que aparecen en ese contexto está el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien permaneció durante varios años en Santa Cruz de la Sierra.
Marset fue detenido en Bolivia en marzo de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos en un operativo que contó con la participación de autoridades bolivianas y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La acusación estadounidense sostiene que Mariaca habría utilizado sus funciones para favorecer a integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, se trata de señalamientos formulados por el gobierno de Estados Unidos que deberán ser contrastados y, eventualmente, investigados por las instituciones bolivianas competentes.
Frente a las sanciones, el gobierno de Rodrigo Paz señaló que los funcionarios involucrados deberán responder ante la Justicia. La posición fue expresada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
El caso adquiere una particular complejidad debido al cargo que ocupa Mariaca dentro del sistema judicial boliviano. El fiscal general es precisamente una de las autoridades centrales del Ministerio Público, por lo que cualquier investigación interna sobre las acusaciones deberá determinar los mecanismos institucionales correspondientes.
Además de Mariaca, Estados Unidos incluyó en su lista a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un exministro de Justicia, un exfuncionario de la Aduana y un integrante de la Policía Boliviana, además de un empresario.
La decisión estadounidense abre ahora un proceso político y judicial en Bolivia, donde el gobierno deberá determinar qué medidas corresponden frente a las acusaciones y qué organismos tienen competencia para investigarlas.
Por el momento, Mariaca mantiene su cargo y rechaza los señalamientos. El desarrollo de eventuales investigaciones en Bolivia será determinante para establecer si las acusaciones formuladas por Estados Unidos derivan en actuaciones dentro del sistema judicial del país.
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