Reza Pahlavi (REUTERS/Jonathan Ernst)
El ex príncipe heredero Reza Pahlavi afirmó desde Washington que el régimen iraní está “al borde del colapso” y que “no es cuestión de si, sino de cuándo” se producirá su caída, en el contexto de las masivas protestas que sacuden al país desde hace dos semanas y que ya dejaron miles de muertos según organismos internacionales.
La declaración de Pahlavi llegó horas después de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Irán. Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo del gobierno iraní y denunció que “sus acciones demuestran lo contrario”, aludiendo a la represión en las calles.
“Regresaré a Irán”, anunció Pahlavi ante la prensa. En los últimos días, su nombre fue coreado en diversas manifestaciones. Desde su exilio en Estados Unidos —al que llegó tras la revolución islámica de 1979 que derrocó a su padre— el dirigente opositor propone liderar una transición hacia una democracia laica, aunque enfrenta resistencias dentro y fuera del país.
En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ratificó el respaldo político del bloque europeo al movimiento de protesta y defendió el uso de sanciones “como principal herramienta” frente a la violencia del régimen. La Unión Europea analiza ampliar las medidas contra funcionarios y estructuras vinculadas a la represión.
Cruce de mensajes con el régimen
Mientras la presión internacional crece, Teherán busca mostrar control interno. La Policía iraní afirmó que las fuerzas de seguridad “han puesto el último clavo en el ataúd del terrorismo” tras las recientes movilizaciones y celebró que la noche del jueves se viviera una “calma sin precedentes”.
“Por la gracia de Dios y la presencia consciente de la población, se ha puesto el último clavo en el ataúd del terrorismo”, declaró el jefe policial Ahmadreza Radan, quien sostuvo que las marchas oficialistas “revitalizaron” a las fuerzas en las calles.
El discurso contrasta con las denuncias de organizaciones internacionales, que reportan más de 3.400 víctimas fatales y múltiples denuncias por la retención de cuerpos de manifestantes a cambio de pagos de sus familiares, una práctica que ya generó repudio global.
