Nicolás Maduro, denunciado por EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos responsabilizó directamente al régimen de Nicolás Maduro por la muerte del ex gobernador opositor Alfredo Díaz, quien falleció bajo custodia estatal en El Helicoide, el temido centro de detención y torturas del Sebin. Su muerte, informada como un infarto por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, generó un fuerte repudio tanto dentro como fuera de Venezuela.
Desde la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., señalaron que el fallecimiento de Díaz es “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, y denunciaron que el dirigente estaba “detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro”.
El pronunciamiento llega en un escenario ya cargado de tensión, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe —operativo que Washington justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico— y que Caracas interpreta como una amenaza directa para propiciar un cambio de Gobierno.
Una muerte que profundiza las denuncias por represión
Díaz, ex gobernador del estado insular Nueva Esparta, había sido detenido en noviembre de 2024, apenas días antes de la controvertida investidura de Maduro para un tercer mandato. Su arresto formaba parte, según la oposición, de una nueva avanzada represiva que también alcanzó a activistas, defensores de derechos humanos y antiguos candidatos presidenciales.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron que la muerte del dirigente confirma “un patrón sostenido de represión estatal”. Ambos recordaron que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, al menos siete presos políticos han muerto en prisión en circunstancias vinculadas a graves abusos.
En un comunicado conjunto, denunciaron que estos decesos se producen en un sistema penitenciario utilizado para “perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, con prácticas que incluyen negación de atención médica, aislamiento prolongado, condiciones inhumanas y torturas.
Exigencia de una investigación independiente
Organizaciones de derechos humanos también reaccionaron. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, insistió en que la muerte de Díaz debe investigarse “de manera objetiva e imparcial”, siguiendo los estándares internacionales. Alfredo Romero, director de la misma ONG, recordó que el ex gobernador llevaba un año detenido en aislamiento y que apenas se le permitió una única visita familiar, la de su hija.
Díaz había cuestionado públicamente la falta de publicación de datos detallados de las presidenciales y denunció la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta semanas antes de su detención, hechos que el gobierno atribuyó a supuestos ataques opositores.
La oposición venezolana aseguró que seguirá documentando “cada omisión y cada responsabilidad” para evitar la impunidad y para que, tarde o temprano, la justicia alcance a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
