Del apartheid al Nobel de la Paz: la vida de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

El Comité Noruego reconoció sus décadas de trabajo en la promoción del derecho internacional, desde los casos de genocidio en Ruanda hasta las investigaciones sobre Gaza-

La sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del derecho internacional.

Desde los tribunales del apartheid hasta los juicios por el genocidio de Ruanda y las investigaciones sobre Gaza, su carrera dejó una huella en la justicia internacional.

Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana de 85 años, recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 en reconocimiento a sus décadas de trabajo en favor de los derechos humanos, la justicia internacional y la protección de las víctimas de graves violaciones. El Comité Noruego del Nobel anunció la distinción este viernes 9 de octubre en Oslo, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para el próximo 10 de diciembre.

La historia de Pillay está atravesada por la lucha contra la discriminación racial, la defensa de los presos políticos y la búsqueda de herramientas jurídicas para juzgar los crímenes más graves. Su recorrido comenzó en una Sudáfrica dominada por el apartheid y se extendió hasta los principales organismos internacionales de justicia, donde intervino en causas vinculadas con genocidios, violencia sexual y conflictos armados.

Nacida el 23 de septiembre de 1941 en Durban, en la entonces provincia sudafricana de Natal, Pillay es descendiente de inmigrantes tamiles que llegaron al país a fines del siglo XIX para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Su padre era chofer de autobús y también se dedicaba a la pesca para complementar los ingresos familiares, mientras que su madre insistió en que sus ocho hijos recibieran educación formal, pese a las restricciones que afectaban a la población no blanca.

Una abogada que abrió camino durante el apartheid

Pillay se graduó en Artes en 1963 y obtuvo su título de abogada en 1965 en la Universidad de Natal. Dos años después, con apenas 26 años, abrió su propio estudio jurídico y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en esa provincia.

La decisión estuvo marcada por las barreras raciales de la época. Según recordó posteriormente, ningún bufete estaba dispuesto a contratarla porque consideraba inaceptable que empleados blancos recibieran instrucciones de una profesional de color.

Durante los siguientes 28 años, defendió a activistas contrarios al apartheid y a integrantes de distintas organizaciones políticas, entre ellas el Congreso Nacional Africano y el Movimiento de Conciencia Negra. Su trabajo también permitió visibilizar las condiciones de detención de los presos políticos y las prácticas de tortura utilizadas durante los interrogatorios.

En 1971 consiguió una resolución judicial para impedir que la policía empleara métodos ilegales contra su esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después obtuvo el reconocimiento del derecho de los presos políticos recluidos en la isla de Robben, entre ellos Nelson Mandela, a recibir asistencia legal.

Su formación académica también avanzó en un contexto adverso. En 1981 comenzó una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y, en 1988, obtuvo allí un doctorado en Ciencias Jurídicas. Fue la primera sudafricana en alcanzar ese grado en la Facultad de Derecho de esa institución.

Ruanda y un fallo que cambió el derecho internacional

Con el fin del apartheid, su trayectoria ingresó en una nueva etapa. En 1995, el entonces presidente Nelson Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica, donde se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar ese tribunal.

Ese mismo año fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, organismo creado para juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas durante el genocidio de 1994. Permaneció allí durante ocho años y fue presidenta del tribunal en los últimos cuatro.

Uno de los principales hitos de su carrera fue el caso contra Jean-Paul Akayesu, exalcalde de la comuna ruandesa de Taba. El 2 de septiembre de 1998, el tribunal dictó una sentencia histórica al establecer que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Akayesu fue condenado por su responsabilidad en los ataques contra la población tutsi, incluidos actos de violencia sexual cometidos contra mujeres que buscaban refugio en su jurisdicción. La decisión representó un avance decisivo en el reconocimiento jurídico de la violencia sexual como una herramienta utilizada para destruir a un grupo.

Pillay sostuvo que ese fallo modificaba la manera en que la justicia internacional abordaba esos delitos. La violación, históricamente tolerada o considerada un botín de guerra, pasaba a ser reconocida de manera explícita como un crimen susceptible de persecución internacional.

Durante su paso por el tribunal también se dictaron condenas relevantes contra el ex primer ministro ruandés Jean Kambanda, declarado culpable de genocidio, y contra responsables de utilizar medios de comunicación para incitar a la población a participar en las matanzas.

De la Corte Penal Internacional a la conducción de la ONU

En 2003, Pillay fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y se desempeñó en su Cámara de Apelaciones hasta agosto de 2008. Su designación estuvo vinculada con los esfuerzos internacionales para garantizar una mayor participación de mujeres en los tribunales y ampliar el reconocimiento de los delitos de violencia sexual dentro del derecho penal internacional.

En septiembre de ese año asumió como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de ser propuesta por el entonces secretario general de la organización, Ban Ki-moon. Permaneció en el cargo hasta 2014.

Desde esa posición intervino en debates y denuncias relacionados con los conflictos de Siria, Sri Lanka y los territorios palestinos. También promovió la protección de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+.

En 2011 respaldó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de las personas homosexuales y, al año siguiente, firmó el documento Born Free and Equal, que reúne principios jurídicos internacionales sobre orientación sexual e identidad de género.

Gaza y las investigaciones sobre presuntos crímenes internacionales

Tras dejar la conducción de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Pillay continuó participando en organismos internacionales. Desde 2019 se desempeña como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Gambia contra Myanmar por el presunto genocidio de la minoría rohinyá.

También presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, creada tras la escalada de violencia de 2021. Su mandato al frente de ese organismo concluyó en noviembre de 2025.

En septiembre de ese año, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio durante la guerra en Gaza. Se trata de una conclusión formulada por ese organismo investigador en el marco de su mandato, cuya evaluación jurídica debe distinguirse de una sentencia definitiva de un tribunal internacional.

Pillay defendió la necesidad de que la comunidad internacional actuara ante las graves denuncias sobre la situación de la población palestina y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Una trayectoria que trascendió los tribunales

Además de su trabajo judicial, Pillay participó en iniciativas destinadas a ampliar los derechos de las mujeres. En 1992 fue cofundadora de Equality Now, organización internacional dedicada a combatir la discriminación y promover la igualdad de género. También impulsó espacios de asesoramiento para víctimas de violencia doméstica y formó parte de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica, que promovió la incorporación de garantías de igualdad en la Constitución del país.

Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 2003 obtuvo el Premio Gruber de Derechos de las Mujeres y, en 2009, la revista Forbes la incluyó entre las mujeres más influyentes del mundo. En 2021 recibió la Medalla de Honor Ruth Bader Ginsburg, otorgada por la Asociación Mundial de Juristas.

En 2025 fue distinguida con el Premio de la Paz de Sídney y, en 2026, recibió el Premio Olof Palme junto al jurista sudafricano John Dugard, por sus contribuciones a la defensa de los derechos humanos fundamentales.

El Nobel de la Paz suma ahora un nuevo reconocimiento a una carrera que atravesó distintas etapas de la justicia internacional. Desde la defensa de presos políticos bajo el apartheid hasta su participación en investigaciones sobre crímenes masivos, Pillay construyó una trayectoria centrada en la responsabilidad de los Estados y la necesidad de que las violaciones más graves de los derechos humanos no queden impunes.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 se realizará el 10 de diciembre en Oslo, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.