La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la apertura del nuevo período judicial con magistrados del Tribunal Supremo, en Caraca
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el envío al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía general que abarcará los hechos de violencia política registrados desde 1999 hasta la actualidad. La iniciativa fue presentada durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por la televisión estatal.
Rodríguez explicó que la propuesta será tratada con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y sostuvo que la medida apunta a “reparar las heridas generadas por décadas de confrontación política” y a “reencauzar la convivencia democrática”. En ese marco, pidió a los beneficiarios de la futura ley que no predominen “la revancha, el odio ni la venganza”.
Según adelantó, la amnistía no alcanzará a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones severas a los derechos humanos. No obstante, el texto definitivo aún no fue difundido y resta conocer los criterios específicos para determinar quiénes quedarán comprendidos.
El anuncio se produce en medio de un proceso de liberaciones iniciado a comienzos de enero. De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, actualmente permanecen detenidas 711 personas por motivos políticos, aunque desde el inicio de la nueva gestión se registraron más de 300 excarcelaciones. La organización advierte, además, que más de 11.000 personas continúan bajo medidas restrictivas de su libertad.
En el mismo acto, Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede histórica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada durante años por organismos internacionales como un centro de detención y tortura. La mandataria informó que el edificio será reconvertido en un espacio social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, Foro Penal y el Comité de Madres por la Verdad, reclamaron durante años una amnistía amplia para presos políticos, activistas, periodistas y militares perseguidos. Si bien recibieron el anuncio con cautela, insistieron en que la liberación de detenidos debe entenderse como la restitución de derechos fundamentales y no como un acto de clemencia.
La discusión parlamentaria de la ley marcará ahora el alcance real de la medida, mientras organismos nacionales e internacionales siguen de cerca su implementación y el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos.
