En los próximos días, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York tomará una decisión crucial en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal definirá si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera al fondo Burford Capital, o si se acepta el pedido del Estado para suspender temporalmente esa orden. La resolución podría conocerse esta semana o, a más tardar, en los primeros días de la próxima.
Se trata de un capítulo trascendente en un extenso litigio iniciado hace más de una década, que ya derivó en una condena en primera instancia por USD 16.100 millones contra la Argentina, dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. Con intereses acumulados, la cifra ya supera los USD 17.500 millones.
El eje actual: ¿entrega de acciones o garantías alternativas?
Luego del fallo de Preska, el juicio continuó su curso en su tribunal, como lo permite la legislación estadounidense. Burford —que adquirió derechos litigiosos de exaccionistas minoritarios de YPF tras la expropiación de 2012— pidió embargar las acciones estatales de la compañía como parte de pago. La jueza accedió, pero el Estado argentino apeló.
La Corte debe definir ahora si acepta “congelar” la ejecución de esa medida mientras se resuelve la apelación principal. Existen varias alternativas en análisis:
Que Argentina pueda apelar sin entregar las acciones, pero deba presentar una garantía alternativa.
Que se suspenda el fallo de Preska y se habilite la apelación sin condiciones.
Que se rechace la suspensión y se obligue al país a entregar las acciones.
Cualquiera de estas opciones podría ir acompañada del compromiso del tribunal de acelerar la resolución de las apelaciones pendientes.
Riesgo de desacato y consecuencias financieras
Según anticipó el analista Sebastián Maril, si la justicia obliga a entregar las acciones y Argentina se niega —algo altamente probable— se configuraría una situación de desacato. Esto agravaría la ya deteriorada imagen del país en los mercados internacionales, dificultaría su regreso a los mercados de deuda y afectaría los esfuerzos por atraer inversiones extranjeras, en momentos en que el presidente Javier Milei intenta reposicionar a la Argentina ante el mundo.
Apoyo del gobierno de EE.UU. como “amicus curiae”
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante la Corte como “amicus curiae” (amigo del tribunal) y respaldó la postura argentina. Recomendó suspender la transferencia de acciones hasta que se resuelva la apelación de fondo.
En su escrito, el gobierno estadounidense remarcó que el caso involucra la correcta aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y podría tener impacto en la relación recíproca entre naciones respecto a la protección de bienes estatales. La presentación fue firmada por el fiscal Jay Clayton y su asistente Sean Buckley.
Burford, por su parte, presentó un escrito en el que aclara que no busca quedarse con el control de YPF de forma permanente, sino garantizar el cobro de la sentencia. En ese sentido, manifestó estar dispuesto a aceptar garantías alternativas, siempre que se impongan condiciones a la Argentina para evitar nuevas dilaciones.
El fondo sostiene que el Estado busca ganar tiempo, postura que la jueza Preska comparte y dejó asentada en varios de sus fallos.
En medio de este escenario, la Procuración del Tesoro —organismo que encabeza la defensa jurídica del país— atraviesa una crisis interna con la remoción de al menos 60 funcionarios, muchos de ellos sospechados de haber filtrado información sensible a la parte demandante.
Pese a todo, el Gobierno argentino reafirmó su postura: no negociará con Burford y agotará todas las instancias legales, incluso acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si fuera necesario.
