El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que respaldará a la Argentina en uno de los capítulos clave del juicio por la expropiación de YPF. En los próximos días presentará un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde se tramita la apelación por el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital.
El documento será firmado por David E. Farber, asistente del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y busca sostener la postura argentina de suspender la ejecución de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que impuso una indemnización de USD 16.000 millones por considerar ilegítima la estatización de YPF en 2012.
Esta nueva intervención de Washington replica una actitud similar adoptada durante el mandato de Joe Biden. En aquella ocasión, el entonces fiscal Damian Williams había advertido que la orden de transferencia de acciones solicitada por Burford violaba las leyes de inmunidad soberana de EE.UU., y que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para ejecutar activos de estados extranjeros.
“La intervención del Gobierno de EE.UU. apunta a influir en la Corte para que suspenda la ejecución del fallo, aunque por ahora no se extiende a la apelación por el monto de la sentencia”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
Apoyo internacional en construcción
En paralelo, la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro —responsable directa del litigio— continúan gestionando apoyos internacionales. Se busca que otros países también se presenten como amicus curiae ante el tribunal neoyorquino. Aunque aún no fue confirmado oficialmente, entre los potenciales aliados figuran Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.
La estrategia apunta a reforzar el reclamo argentino y contrarrestar el fallo adverso de Preska, quien semanas atrás ordenó el traspaso de las acciones en favor de Burford. La jueza, de orientación conservadora y cercana al Partido Republicano, ya desestimó recomendaciones similares en el pasado, como ocurrió en causas contra el país durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
