Con el respaldo político obtenido en las urnas, el Gobierno nacional volvió a colocar en el centro del debate la reforma laboral, una iniciativa que busca actualizar las normas del trabajo y promover la formalidad del empleo. El proyecto, presentado por la diputada Romina Diez, lleva por título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y fue acompañado por legisladores de distintos bloques.
La propuesta, que retoma el texto elaborado a fines de 2024, pretende convertirse en la base de una modernización integral del régimen laboral argentino, siguiendo los lineamientos de la denominada Ley Bases. Su objetivo es dinamizar la economía mediante la flexibilización de contratos, beneficios fiscales y nuevos incentivos a la contratación formal.
Modernización del régimen laboral
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa redefine el principio de irrenunciabilidad y amplía las facultades del empleador para modificar ciertas condiciones laborales, siempre que no afecten aspectos esenciales del vínculo.
También incorpora nuevas modalidades de trabajo, actualiza los beneficios sociales no remunerativos —como almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e internet para el empleado y su familia— y aclara que no integran la remuneración, salvo excepciones previstas por convenio.
En materia disciplinaria, el texto establece que los trabajadores podrán impugnar sanciones dentro de los 30 días corridos de ser notificadas. Además, habilita cambios razonables en la prestación del trabajo, sin alterar sustancialmente la naturaleza del contrato.
Vacaciones, licencias y jornada laboral
El proyecto introduce mayor flexibilidad en las vacaciones: se permitirá dividirlas en períodos no menores a una semana y garantizar al menos una temporada de verano libre cada dos años, salvo renuncia expresa del trabajador. Quienes compartan vínculo conyugal o familiar y trabajen en la misma empresa podrán coordinar su descanso en simultáneo.
En cuanto a las licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses según la antigüedad, y de seis o doce meses para quienes tengan personas a cargo. Además, se crea un procedimiento oficial de verificación médica, a cargo de la Secretaría de Trabajo, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones a profesionales por irregularidades.
Si el trabajador no se reincorpora luego de agotar los plazos de enfermedad, el empleador deberá conservar el puesto durante un año más; vencido ese plazo, cualquiera de las partes podrá finalizar el vínculo sin obligación de indemnización.
Indemnizaciones, pagos y beneficios empresariales
El texto propone cambios significativos en materia de indemnizaciones y juicios laborales. Establece que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonar las indemnizaciones o sentencias en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, y fija un tope del 20% al pacto de cuota litis en los litigios laborales.
Asimismo, se actualiza el régimen de intereses, limitando el monto total a la suma resultante del capital ajustado por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3%.
Bonos fiscales e incentivos a la contratación
Para fomentar el empleo registrado, la iniciativa crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que realicen nuevas contrataciones durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarán según el tamaño de la empresa:
100% para microempresas,
75% para pequeñas,
50% para medianas,
25% para grandes compañías.
El estímulo se aplicará durante 12 meses y solo si la incorporación implica un incremento real en la nómina de personal.
Cambios en el trabajo agrario
El proyecto también busca redefinir el régimen del trabajo agrario, excluyendo a empleados de actividades industriales, comerciales, turísticas o de servicios que no guarden relación directa con la producción agropecuaria. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores contratados, pero se libera de esa carga a los propietarios de tierras no productivas.
Un nuevo escenario legislativo
La propuesta de Romina Diez cuenta con el respaldo de un amplio grupo de legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Lorena Villaverde, José Luis Espert —actualmente con licencia— y otros referentes de La Libertad Avanza.
El oficialismo confía en que el nuevo clima político en el Congreso permita avanzar con esta reforma estructural, presentada como un paso necesario hacia la modernización del mercado laboral y la reducción del empleo informal.
