La mención del tema en un texto del FMI despertó inquietudes; economistas y tributaristas cuestionan lo costoso del pase al sistema general -un tema sobre el que trabaja el Gobierno- y la deficiente actualización.
Por: Silvia Stang
Que 20 años no es nada, como dice la letra del tango, es un sentir que no podría aplicarse a la estadística del monotributo: en su primer mes de existencia, octubre de 1998, los contribuyentes anotados en el entonces novísimo esquema impositivo simplificado fueron unos 330.000. Esa cifra está hoy multiplicada casi por 10. Y en buena parte eso refleja, según se advierte y pese a lo que a simple vista podría concluirse, que el objetivo primario no se cumplió. ¿Cuál era la meta? Que este régimen simplificado fuera un lugar «de paso» para los contribuyentes, un puente entre la informalidad y el sistema tributario general. Una de las causas de lo ocurrido, al margen de los vaivenes de la economía que no permitieron el avance de muchos emprendimientos para que pudieran bajarse del «puente», es la enorme brecha existente entre ambos esquemas. Una brecha referida a los costos y también a la carga administrativa.
A principios de este mes, un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las variables de la economía argentina incluyó el tema y despertó inquietudes respecto del futuro del régimen. En unos párrafos referidos a medidas para una mejor recaudación impositiva que apuntale las cuentas fiscales, se señala que uno de los caminos es identificar a contribuyentes que están en el monotributo cuando deberían estar en el régimen general; es lo que en la AFIP llaman desde hace años el «enanismo fiscal». Y se agrega, desde el FMI, que hay una necesidad de evaluar el sistema simplificado desde la perspectiva de todo el esquema impositivo.
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Antes de ese informe del organismo, el Gobierno ya tenía en carpeta un proyecto de ley referido al mundo pyme que incluye algunas medidas para suavizar el «aterrizaje» de exmonotributistas en el régimen de autónomos o de empresas, un punto considerado crítico por economistas, tributaristas y, principalmente, por los contribuyentes que perciben que se acercan a la frontera.
A grandes rasgos, esas modificaciones incluirían un esquema de progresividad de los aportes previsionales de los autónomos; alícuotas diferenciales del impuesto a las ganancias para las pymes; la disposición de un «crédito ficticio» del IVA por el primer año tras el cambio de condición fiscal; un tapón, por el cual la AFIP no miraría hacia atrás el comportamiento del contribuyente que haga el pase, y la alternativa de que, por una micro o pequeña empresa, la tributación quede en cabeza de su dueño o de sus socios.
Más allá de la construcción de un puente realista entre los sistemas, hay quienes aluden a otros aspectos, al analizar las necesidades de una reforma: entre ellos, el mecanismo de actualización de las variables (los topes de facturación y los montos del aporte mensual), las cuestiones referidas a la seguridad social y el esquema de las exclusiones que ocurren cada mes (y sus efectos).
El puente eterno
«El diferencial de presión tributaria entre las categorías superiores del monotributo y el régimen general es muy elevado; eso lleva a los monotributistas a tratar de no saltar. ¿Cómo? Omitiendo facturar operaciones, declarando en las recategorizaciones menos monto que el facturado [algo que ya no existe como posibilidad a partir de que, desde este mes, todos quedaron obligados a emitir comprobantes electrónicos], o rechazando ventas o prestaciones de servicios», describen los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Un ejemplo: un prestador de servicios que factura alrededor de $96.000 por mes paga este año, solo por el componente impositivo, $4604 mensuales si se mantiene en el monotributo (si algunos meses esa facturación es levemente más baja, podría estar en la categoría H). Si estuviera en el régimen general de autónomos, el impuesto a las ganancias le significaría unos $11.500 mensuales, suponiendo que tiene dos hijos a cargo y gastos deducibles equivalentes al 20% de la facturación. Para la jubilación, en tanto, su aporte pasaría de $961,32 a $2703,66 (y subiría con frecuencia trimestral, en lugar de hacerlo anualmente).
En la AFIP consideran que el llamado «enanismo fiscal» tiene una de sus expresiones en la tendencia de muchos contribuyentes a ubicarse en las categorías más bajas. Quienes evitan por todos los medios posibles estar en las zonas cercanas a la frontera con el régimen general presumen, según entienden en el organismo recaudador, que de esa manera evitan estar bajo la lupa de las fiscalizaciones. Los funcionarios, sin embargo, afirman que las inspecciones abarcan a toda la escala.
Los datos oficiales a marzo muestran que 35 de cada 100 anotados en el monotributo (excluyendo las modalidades sociales) están en la categoría más baja, la A, que permite un ingreso anual de hasta $138.127,99 (ver gráfico). Y casi el 87% están en las primeras 5 categorías (de un total de 11), por lo cual declaran una facturación de no más de $552.511,95 este año. Muchos monotributistas, de todas formas, son al mismo tiempo asalariados o jubilados, con lo cual el ingreso declarado en este sistema no es el único que les llega y eso también es parte de la explicación de la concentración de contribuyentes en categorías bajas. En los tres escalones de más altos ingresos (que admiten solo a comerciantes y no a proveedores de servicios) está solamente el 0,23% de los monotributistas.
«El impacto de pasar de un sistema a otro es tan enorme que el monotributo quedó como lugar de destino», describe el contador José Luis Arnoletto, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, quien agrega que esa «distancia» no es provocada tanto por el IVA (que tiene su esquema de créditos y débitos), como por Ganancias y por la carga burocrática.
«Entre las complicaciones de estar en el régimen general está tener una gran carga administrativa no remunerada, con obligaciones que se ponen en cabeza del contribuyente», afirma la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
Los economistas Argañaraz y Mir destacan que, justamente, una de las bondades del monotributo es que el impuesto fijo se devenga por el mero paso del tiempo «y no por una declaración jurada que se debe presentar». Eso, más allá de la ventaja para el contribuyente, simplifica las tareas de control para el Estado.
Arnoletto opina que lo planteado en el proyecto oficial sería útil para suavizar el pase del sistema simplificado al general. Pero, mientras que desde lo técnico el proyecto resulta valorado, cuando se miran el contexto político y el escenario fiscal, las dudas son muchas. «Si el proyecto llega al Congreso en este año electoral, hay dos posibilidades: que se trabe o que se vote con muchas modificaciones hechas al calor de acuerdos políticos, lo cual es riesgoso», advierte una fuente del Gobierno, que no deja de reconocer otra cuestión limitante: aplicar ciertas medidas que están en estudio tendría, en un primer momento, un efecto fiscal negativo.
«Algo que debería hacerse cuanto antes es generar un sistema intermedio entre el monotributo y el régimen general, que sea atractivo -opina el abogado tributarista Diego Fraga, del estudio Rctzz-. Podría ser una ampliación del monotributo ‘hacia arriba’, con el agregado de escalones, y podría pensarse en montos [de aportes mensuales] que se superpongan con los de autónomos».
Distorsión por inflación
El contador y profesor en la maestría en Economía de la UBA Juan Carlos Gómez Sabaini suma otro aspecto a considerar. Dice que debería haber una unificación de los sistemas de actualización de los valores que definen el pago de impuestos, para anular la posibilidad de distorsiones creadas por esa vía.
El esquema del monotributo se actualiza una vez al año, en un porcentaje equivalente al aumento que acumularon en el período anual previo las jubilaciones del sistema previsional nacional. Este año, la facturación permitida para entrar y permanecer en el sistema y los montos de ingresos topes para estar en cada categoría, como también los importes a pagar, son un 28,46% superiores a los de 2018. En el régimen de autónomos, la variación de los aportes previsionales se hace también según el índice de movilidad previsional, pero las subas son trimestrales. Así, a las diferencias de diseño entre uno y otro sistema se suma otra vinculada a sus dinámicas de funcionamiento. En Ganancias, las bases que definen quiénes y cuánto pagan se mueven anualmente según el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Más allá de esas diferencias, el mecanismo de actualización del monotributo hoy está cuestionado: este año, el ajuste de 28,46% quedó muy por debajo de la inflación, que fue de 47,6% en todo 2018 y de 54,7% en los últimos 12 meses. La consecuencia de ese desfase es que un aumento de la facturación que sea inferior al alza de precios, puede provocar un incremento de la carga tributaria para alguien que, en realidad, perdió poder adquisitivo.
«Los valores deberían actualizarse según el índice de precios al consumidor (IPC) y con una frecuencia trimestral», evalúa Arnoletto, respecto de un esquema que no produzca distorsiones por la desactualización de sus valores en términos reales.
Jubilaciones y salud
El fenómeno del «monotributista eterno» que se generó a lo largo de los años y a la par de las distorsiones del esquema (la actualización automática es bastante reciente, mientras que antes había congelamiento o decisiones políticas discrecionales) tiene también su impacto en el sistema de la seguridad social.
El régimen del monotributo prevé el pago de aportes a los sistemas de salud y previsional (para quienes no tienen cobertura por otro lado), con las contrapartes de la afiliación a una obra social y de una jubilación futura. Hasta 2016, para el pago previsional se mantuvo una cifra única para todos los contribuyentes, sin importar su nivel de facturación, y con un importe que estuvo congelado por largos períodos (entre 2012 y 2016, por ejemplo, fue de $157 mensuales). Desde 2017, el monto se incrementa en 10% por cada categoría que se sube en la escala. Los importes actuales van de $493,31 a $1279,52. Al margen de eso, el 70% de la recaudación del componente impositivo (de entre $111,81 y $7769,7, según la categoría) se deriva a la Anses.
«El mecanismo es fantástico para dar cobertura a quienes no la tenían», señala el economista Oscar Cetrángolo, profesor e investigador de la UBA y el Conicet. Pero agrega sus observaciones, que tienen que ver con aquel objetivo fallido de hacer del monotributo un puente al sistema general: «El aporte a la jubilación surgió con la idea de que sirviera para sumar años de aportes, pero en la práctica puede ocurrir que alguien se quede 30 años y más ahí, en el monotributo». Y lo cierto es que el monto aportado por la mayoría de estos contribuyentes, bajo la promesa de un haber mínimo, es muy inferior a lo contribuido por un autónomo o por un asalariado y su empleador.
Así, el esquema desafía el financiamiento de las prestaciones. Y el desafío es creciente, si se considera el efecto fiscal que irá provocando el envejecimiento poblacional en los próximos años. Para Cetrángolo, un punto a tener en cuenta es que «no está claro que quienes están en el sistema simplificado sean los que realmente no podrían aportar más».
A esa misma cuestión apunta una observación que hace Fabio Bertranou, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur. «Si bien el financiamiento de la seguridad social requiere sumar aportes, contribuciones y transferencias en el marco de los principios de solidaridad, el régimen hoy pareciera estar anidando situaciones de inequidad importantes», señala. Y agrega que, si se mira en forma aislada el monotributo, se observa que está «altamente subsidiado», lo que agrega presión actual y futura a la sostenibilidad del sistema jubilatorio.
Por ahora, el que no parece estar en su edad de retiro es el monotributo mismo. Con la reciente inclusión del tema en el informe del FMI circularon varias interpretaciones apocalípticas. Desde lo político y lo social, difícilmente se le podría poner al régimen simplificado, hoy por hoy, un punto final.
Por: Silvia Stang.
