Mariana Cademartori y Sebastián Martino, Mariana Cademartori y Sebastián Martino, dueños de Naranja Mandarina
Mariana Cademartori y Sebastián Martino, fundadores de la firma Naranja Mandarina, dedicada desde hace más de una década a la fabricación y venta de indumentaria infantil, atraviesan una situación crítica tras un fallo adverso de la Justicia laboral bonaerense que los obliga a afrontar una condena de $190 millones y un embargo por $330 millones, cifras que superan ampliamente la facturación anual de la empresa.
La pyme, con sede en la ciudad de Junín y apenas tres empleados, quedó virtualmente paralizada luego de que un revendedor con el que mantenían un vínculo comercial se presentara ante la Justicia como trabajador en relación de dependencia. El tribunal consideró que se trataba de un viajante de comercio, lo que derivó en la condena económica.
Según explicó Martino, el demandante compraba mercadería para su posterior reventa y nunca fue empleado de la firma. “Tuvimos un conflicto comercial puntual y, poco después, esta persona se dio por despedida y se autodefinió como empleado”, relató. A partir de allí, reclamó salarios, aguinaldos, vacaciones y otros conceptos laborales.
Uno de los puntos más controvertidos del proceso fue la aplicación del denominado “fallo Barrios”, que permite actualizar las indemnizaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, una condena inicial de aproximadamente $14 millones se elevó hasta los $190 millones actuales.
Cademartori sostuvo que esa actualización se incorporó cuando el tribunal ya se encontraba en condiciones de dictar sentencia. “Si se hubiese resuelto en tiempo y forma, hoy no estaríamos atravesando esta situación”, afirmó.
El impacto fue devastador. Mientras evaluaban apelar la decisión judicial, se les exigió depositar el monto de la condena en una cuenta judicial para poder acceder a la Suprema Corte bonaerense, algo imposible para la empresa. En ese contexto, ambas cuentas bancarias fueron embargadas por $330 millones, lo que dejó a la pyme fuera del circuito financiero.
“Nos bloquearon toda la operatoria: los proveedores dejaron de aceptar cheques, los cheques emitidos fueron rechazados, no podemos operar con cuotas bancarias. Te dejan fuera del sistema, te destruyen”, describió la empresaria.
Hoy, la continuidad de Naranja Mandarina depende de que la Suprema Corte acepte, antes del inicio de la feria judicial, el recurso en queja presentado por su abogado. De no prosperar, la empresa se encamina al cierre.
Más allá del caso particular, Cademartori advirtió sobre una problemática que, asegura, afecta a muchas pequeñas y medianas empresas. “No se puede generar un enriquecimiento de este tipo desde la justicia laboral. Se beneficia a una persona y, al mismo tiempo, se deja sin trabajo a empleados directos e indirectos: talleres, diseñadores y todo un entramado productivo”, sostuvo.
“Hay muchas pymes y micropymes con embargos y condenas impagables. Algo claramente necesita ser revisado”, concluyó.
