En una reunión mantenida con los propietarios del frigorífico de Perico, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, se habría comprometió en levantar este viernes la clausura por 30 días a la planta de faena que había dejado a 300 familias sin trabajo.
Así lo reveló Samir Quintar, titular del frigorífico, tras la reunión mantenida en las instalaciones del Ministerio, donde también se congregaron los empleados del establecimiento y los matarifes de diferentes puntos de la provincia a reclamar por sus fuentes de trabajo. El encuentro se extendió por casi dos horas.
Del encuentro también participaron la ministra de Ambiente María Inés Zigarán, la secretaria de Control Comercial Patricia Ríos y Héctor del Carril, titular de la Dirección de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Perico.
Los titulares de ambos ministerios y los propietarios del frigorífico se habrían comprometido a trabajar en conjunto con el apoyo de la comuna periqueña en corregir algunas irregularidades observadas hasta el próximo viernes donde volverían a reunirse para evaluar los avances y levantar la medida de clausura.
El resultado de la reunión trajo tranquilidad a los empleados del frigorífico y a los matarifes. Pero advirtieron “no podemos esperar más allá del viernes sin trabajar porque necesitamos contar con ingresos para mantener a nuestras familias”. En este sentido aseguraron que “si el gobierno no levanta la clausura el viernes volveremos a manifestarnos porque no vamos permitir que cierren nuestra fuente de trabajo de muchos años”, afirmaron.
Pablo Espinoza, uno de los matarifes afectados volvió a remarcar que “el gobierno no midió las grandes consecuencias económicas y laborales que esta medida significa para la provincia no solo -dejando 300 familias sin trabajo- sino también poniendo en riesgo el abastecimiento de carne y el impacto que esto va significar en los bolsillos de la población”. Aseguró
El cierre temporal por 30 días del frigorífico fue dispuesto el viernes pasado por la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, argumentando que la planta no reúne las condiciones ambientales y de seguridad previstas en la normativa. Por su parte el propietario del establecimiento había denunciado un trato arbitrario y persecución por parte de los funcionarios.