El Gobierno recrudece la batalla contra Chiqui Tapia por las SAD
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros ex y actuales directivos, por presuntas violaciones a la Ley Penal Cambiaria vinculadas al ingreso y la liquidación de divisas entre 2020 y 2023.
Según consta en el expediente, firmado la semana pasada y aún no notificado formalmente a la entidad, la investigación alcanza operaciones por más de USD 131,3 millones y EUR 94,9 millones, lo que representa un volumen total superior a los USD 242 millones.
De acuerdo con fuentes con conocimiento directo del sumario, el eje de la investigación se centra en la declaración irregular de ingresos provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de organismos internacionales, como FIFA y Conmebol. El presunto mecanismo consistió en modificar el concepto bajo el cual se registraron los fondos, pasando de “servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108).
Este cambio de clasificación habría permitido a la AFA eludir la obligación de liquidar las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al hacer figurar los ingresos como donaciones y no como pagos por servicios, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.
Uno de los principales focos del expediente es el contrato de sponsoreo con Adidas International Marketing, firmado en 2017 y vigente hasta 2030 por un total de EUR 260 millones. La investigación pone bajo análisis casi EUR 95 millones correspondientes a pagos realizados desde la segunda mitad de 2020 que, según el BCRA, no habrían sido liquidados conforme a la normativa vigente.
Las fuentes señalan que durante los primeros años del acuerdo (2018 y 2019) la AFA cumplió correctamente con la liquidación de divisas, pero que el procedimiento cambió tras el endurecimiento del cepo cambiario, lo que le habría permitido conservar los fondos en moneda extranjera y beneficiarse de la brecha cambiaria.
El sumario también incluye transferencias vinculadas a derechos de televisación, entre ellas pagos de Fox por más de USD 45 millones y de Argentina Football Distribution LLC por alrededor de USD 78 millones, en los que se habría aplicado el mismo esquema de registración.
Además, el expediente analiza movimientos de fondos provenientes de FIFA y Conmebol. En el caso del organismo internacional, se detectaron transferencias por USD 498.000 ingresadas pero no liquidadas y otros USD 6,2 millones directamente no ingresados al MULC. Para Conmebol, las cifras ascienden a USD 8,6 millones y USD 5,9 millones, respectivamente, correspondientes a subsidios y adelantos para competencias como la Copa América, torneos femeninos y futsal.
El sumario discrimina entre montos “ingresados y no liquidados” y aquellos “no ingresados al mercado de cambios”, lo que permite reconstruir el recorrido de los fondos y las modalidades de la presunta infracción. Desde la defensa de la AFA sostienen que los ingresos encuadran como donaciones, una figura que, según su interpretación, no obliga a la liquidación de divisas.
Entre los responsables alcanzados figuran la AFA como persona jurídica, su presidente Claudio Tapia y los tesoreros que ejercieron funciones durante el período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino.
El proceso es de carácter administrativo y cambiario y podría derivar en sanciones económicas e inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios. El Banco Central otorgó varias prórrogas para la presentación de descargos, con la última fecha límite fijada para el 1 de septiembre de 2025.
Las operaciones bajo análisis abarcan hasta el Mundial de Qatar 2022. Según las fuentes, los movimientos posteriores no fueron incluidos debido a que las transferencias habrían sido canalizadas directamente a cuentas en el exterior. Se trata de la primera vez que el BCRA avanza con un sumario formal contra la AFA por este tipo de maniobras, lo que le otorga un fuerte impacto institucional al caso.
