Loreta Presaka
La jueza estadounidense Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la Argentina en el extenso juicio por la expropiación de YPF. Tal como se preveía, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la transferencia de acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio y reclama un resarcimiento multimillonario.
Este revés judicial no tomó por sorpresa a la administración de Javier Milei, que ya había anticipado la posibilidad de un fallo adverso. De hecho, el Gobierno se adelantó y presentó una apelación ante la Cámara correspondiente. Ahora, esa estrategia podría intensificarse para evitar consecuencias más graves, como un posible desacato ante la justicia estadounidense.
Preska es la misma jueza que, en septiembre de 2023, condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones a Burford Capital por la forma en que se estatizó YPF en 2012. Si bien esa sentencia aún se encuentra bajo revisión en una causa principal —cuya resolución no se espera antes de 2026—, la jueza busca avanzar con medidas concretas para garantizar el cobro, como la entrega de acciones.
“Preska decidió no suspender los efectos de su decisión de ordenar el traspaso de acciones de YPF hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva si esa orden es válida. Incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. ya opinó que no lo es”, explicó Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro, a través de su cuenta en X.
Riesgos legales y posibles daños económicos
La posibilidad de desacato preocupa dentro del Gobierno. En este contexto, el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los especialistas que sigue el caso desde sus inicios, advirtió:
“La última vez que Argentina estuvo en desacato ya estábamos en default y el impacto fue menor, porque el país estaba aislado. Hoy el escenario es distinto. Agotar las vías legales es correcto, pero también se debería trabajar en un control de daños. Negociar no es una señal de debilidad, sino de voluntad de resolver el problema”.
Actualmente, el expediente principal por la sentencia de los USD 16.000 millones sigue su curso por una vía distinta. Allí, todas las partes ya presentaron sus escritos, pero aún no hay fecha para la audiencia. La resolución podría demorar al menos un año más.
Mientras tanto, Burford presiona para ejecutar la sentencia y Preska busca facilitar ese cobro mediante el “turnover” de acciones, una maniobra que el Gobierno argentino intenta frenar en paralelo.
En este complejo entramado legal, el caso YPF se convirtió en una verdadera mamushka de demandas, apelaciones y decisiones judiciales cruzadas. La tensión entre el deseo de la jueza de garantizar el pago y la estrategia defensiva del Estado argentino promete seguir escalando en los próximos meses.
