Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia
La Justicia federal puso bajo la lupa un entramado de transferencias millonarias que vinculan al Estado de Santiago del Estero, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a un conjunto de empresas relacionadas con el entorno del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La investigación, impulsada por el fiscal Pedro Eugenio Simón, apunta a determinar la existencia de un presunto esquema de lavado de activos y asociación ilícita.
De acuerdo al requerimiento de instrucción, la firma SEGON SRL recibió más de $1.243 millones entre 2024 y 2025 por parte del gobierno de Santiago del Estero. El dato que encendió las alertas es que parte de esos fondos comenzaron a transferirse incluso antes de que se formalizara la adjudicación de un contrato para brindar servicios de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo. A esos ingresos se suman giros provenientes de la AFA y de la Municipalidad de Frías, lo que amplía el alcance de la operatoria investigada.
Uno de los ejes centrales del dictamen es el comportamiento de las cuentas bancarias de la empresa. Según detalló el fiscal, los fondos ingresados permanecían allí menos de 48 horas y eran transferidos casi en su totalidad hacia otras cuentas. Este mecanismo, descripto como una “cuenta puente”, habría sido utilizado para dificultar el seguimiento del dinero y diluir su trazabilidad.
El crecimiento de SEGON también aparece como un elemento clave. Tras años sin actividad significativa, la firma registró en 2024 movimientos por más de $5.800 millones, un salto exponencial que no se corresponde con su estructura operativa. De hecho, recién en 2025 declaró empleados y amplió su objeto social hacia rubros diversos y poco vinculados entre sí, lo que refuerza las sospechas sobre la naturaleza de sus operaciones.
La conexión con Toviggino, sin embargo, no figura de manera directa en los papeles societarios. Surge a través de SOMA SRL, empresa que adquirió la mayoría accionaria de SEGON en diciembre de 2025 y que está controlada por su hermano, Darío Toviggino. El informe fiscal describe una red de sociedades que comparten socios, apoderados y movimientos financieros, lo que sugiere —según la hipótesis acusatoria— la existencia de una misma conducción detrás de distintas firmas.
El foco también se posa sobre la Asociación del Fútbol Argentino. La entidad habría transferido cerca de $5.000 millones a empresas del mismo entramado entre 2022 y 2025, mediante pagos respaldados por facturación que el fiscal considera, en principio, carente de sustento real. En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue imputado por haber autorizado esos movimientos.
El expediente también menciona la intervención de otras firmas y personas que habrían actuado como titulares formales de las sociedades durante períodos acotados, en una dinámica que el fiscal interpreta como parte de un esquema para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
Con estos elementos, Simón solicitó la apertura de una investigación penal contra 25 personas, con Toviggino señalado como presunto jefe de la organización. La causa avanza bajo las figuras de lavado de activos agravado y asociación ilícita agravada, delitos que prevén penas de cumplimiento efectivo y que podrían derivar en uno de los procesos judiciales más sensibles en torno al manejo de fondos en el fútbol argentino.
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