Claudio Chiqui Tapia
Una investigación judicial en los Estados Unidos expuso un entramado financiero que habría manejado cerca de USD 300 millones provenientes de contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por fuera de los canales institucionales. El avance de la causa, impulsada por tribunales federales norteamericanos, compromete a la actual conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y ya tiene derivaciones en la Justicia argentina.
El expediente se activó tras una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que permitió a la Justicia estadounidense autorizar medidas de discovery sobre cuentas bancarias utilizadas para administrar contratos comerciales del fútbol argentino. A partir de esas resoluciones, bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debieron entregar información detallada sobre movimientos financieros, titulares y beneficiarios finales.
El volumen de fondos bajo análisis y su circulación por el sistema financiero estadounidense despertaron alertas en organismos federales, al punto de habilitar la intervención del Departamento del Tesoro por posibles maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de recursos.
El foco de la investigación: una empresa en Florida
La documentación judicial identificó como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Meses después de su constitución, la empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior, con amplias facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos y canalizar fondos vinculados a la Selección Argentina.
Según registros bancarios analizados en el marco de la causa, entre 2022 y 2025 la firma habría concentrado más de USD 260 millones, cifra que, al considerar transferencias internas, se aproximaría a los USD 300 millones.
Los ingresos provenían principalmente de patrocinios internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos disputados fuera del país. En numerosos casos, los pagos ingresaban directamente a cuentas de la empresa, sin pasar por la AFA en Argentina.
Administración sin controles claros
Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es el manejo de las cuentas. La documentación señala que una sola persona tenía facultades plenas para ordenar transferencias, sin que aparezcan respaldos documentales de instrucciones directas por parte de la AFA.
La falta de mecanismos visibles de auditoría y control interno sobre una empresa que administraba cientos de millones de dólares plantea interrogantes sobre la supervisión institucional de esos recursos.
El destino del dinero, bajo sospecha
La investigación no cuestiona el origen de los fondos, que provenían de contratos legítimos, sino su administración y destino final. Parte del dinero no habría sido transferido a la AFA, mientras que otra porción —estimada en más de USD 110 millones— fue girada a una firma financiera en Uruguay y luego canalizada hacia estructuras radicadas en Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción históricamente asociada a esquemas offshore.
Además, se detectaron transferencias por al menos USD 42 millones hacia cuatro sociedades constituidas en Florida, que presentan características típicas de empresas pantalla: sin empleados, sin actividad comercial visible y con domicilios virtuales. El perfil económico de las personas asociadas a esas firmas contrasta de forma marcada con el volumen de fondos recibidos, uno de los principales indicios que analizan los investigadores.
Impacto local y regreso a la Justicia argentina
Mientras en Estados Unidos la operatoria financiera aparece con claridad en los registros bancarios, en los balances presentados en Argentina la empresa intermediaria tuvo una aparición tardía y limitada. Recién en 2024 fue consignada como deudora de la AFA, sin el nivel de detalle que exigen las normas de transparencia contable.
Con el avance del expediente internacional, Tofoni anunció que presentará una nueva denuncia en los tribunales argentinos, para que se investiguen los presuntos desvíos y el perjuicio económico generado al fútbol local. Según trascendió, organismos del Estado argentino ya remitieron información a fiscales estadounidenses y también se habrían realizado presentaciones ante entidades internacionales del fútbol.
Por ahora, no hay imputaciones formales ni resoluciones definitivas. Sin embargo, el volumen de dinero involucrado, la complejidad de las estructuras utilizadas y la intervención de la Justicia estadounidense convierten al caso en uno de los escándalos financieros más sensibles en la historia del fútbol argentino.
La disputa ya no se juega en las canchas. El partido se trasladó a los tribunales, y esta vez el árbitro principal está fuera del país.
