La disputa judicial por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo con un fallo favorable al Gobierno nacional. La Confederación General del Trabajo deberá continuar su demanda contra el Estado fuera de la Justicia del Trabajo, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que el expediente corresponde al fuero contencioso administrativo.
La decisión, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy (Sala IV), confirmó que la causa debe tramitar en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, donde se analizará la constitucionalidad de la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El conflicto se originó cuando el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo —dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello—, solicitó que el caso deje de tramitar en el ámbito laboral y pase al fuero federal.
Si bien esa inhibitoria fue inicialmente aceptada en el fuero contencioso, el juez laboral interviniente la rechazó, generando un conflicto de competencia. Ahora, la Cámara respaldó la postura oficial y sostuvo que el caso excede lo estrictamente laboral, ya que involucra cuestiones federales como la organización del Poder Judicial y atribuciones del Congreso.
Además, los camaristas fueron críticos con el accionar del juez laboral, al considerar que aplicó un “procedimiento deformado” al apartarse de las reglas previstas para este tipo de disputas.
Entre los puntos centrales, el tribunal remarcó que:
Las normas sobre competencia judicial son de orden público y se aplican de manera inmediata, incluso en causas en trámite.
No existe un “derecho adquirido” a que un caso sea resuelto por un determinado fuero.
La reforma incluye aspectos federales relevantes, como la participación del Estado y el funcionamiento de organismos públicos.
Estos argumentos debilitan uno de los ejes del planteo sindical, que cuestionaba la aplicación automática de los cambios introducidos por la ley.
El fallo representa otro avance para el Ejecutivo en la defensa de su programa de reformas, ya que concentra la discusión en un ámbito judicial históricamente utilizado para litigios contra el Estado.
Para la CGT, en cambio, implica un retroceso en su estrategia: no solo continúa vigente la reforma mientras se discuten medidas cautelares, sino que ahora el debate de fondo se desarrollará fuera de la Justicia del Trabajo, considerada más afín a los reclamos sindicales.
De esta manera, el expediente seguirá su curso en el fuero contencioso administrativo, en una disputa que continúa abierta pero que, por el momento, acumula resoluciones favorables al Gobierno.
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