El gobierno británico rechazó las medidas impulsadas por Argentina contra compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y defendió la continuidad de los negocios en la zona
El gobierno del Reino Unido volvió a pronunciarse sobre la disputa por las Islas Malvinas y cuestionó las medidas adoptadas por Argentina contra empresas que desarrollan actividades en el archipiélago. Londres calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos y sanciones dirigidos contra compañías y particulares vinculados con negocios en las islas.
La declaración fue realizada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, pocas horas después de que se conocieran detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional presentado por el Gobierno argentino ante el Congreso.
Kumaran sostuvo que el Reino Unido mantiene su posición respecto de las islas y afirmó que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del territorio. En ese marco, señaló que durante las últimas semanas Argentina continuó tomando medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las Malvinas, incluidos aquellos vinculados con el sector de hidrocarburos.
“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, afirmó la funcionaria en un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico (FCDO).
El pronunciamiento se produjo en medio de una nueva escalada de medidas judiciales y políticas relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona de las islas.
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa involucra, entre otras compañías, a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
A mediados de septiembre, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a ambas empresas abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con el proyecto. La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y alcanza actividades relacionadas con perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
En paralelo, Argentina presentó denuncias penales contra cinco empresas vinculadas con el proyecto petrolero, mientras que el Reino Unido difundió una guía destinada a compañías que realizan negocios con las islas.
El documento británico, publicado el 15 de septiembre bajo el título “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación sobre el territorio insular ni sobre las empresas que desarrollan allí sus actividades. También señala que Londres no reconoce una base jurídica para que tribunales de otros países ejecuten medidas adoptadas por las autoridades argentinas contra esas compañías.
El Reino Unido indicó además que está dispuesto a brindar respaldo a subsidiarias y proveedores que puedan verse afectados por las medidas argentinas en terceros países. También recomendó a las empresas que reciban comunicaciones de autoridades argentinas que recurran a asesoramiento jurídico independiente.
La Cancillería argentina rechazó el contenido de la guía británica y convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta. Israel fue incluido debido a la participación de Navitas Petroleum, una de las compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Desde Buenos Aires se sostuvo que los archipiélagos se encuentran bajo ocupación británica y que las actividades comerciales e hidrocarburíferas desarrolladas en la zona son consideradas ilegítimas por Argentina.
El Gobierno argentino también cuestionó que una decisión comercial o una disposición de otro Estado pueda prevalecer sobre la legislación nacional y el derecho internacional, según expresó en su comunicado oficial.
La controversia se intensificó con la presentación del proyecto de Ley de Soberanía Nacional, que propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011.
La iniciativa amplía el alcance de las restricciones actualmente concentradas en la actividad hidrocarburífera y contempla sanciones para quienes participen en la explotación o aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en áreas que Argentina considera sujetas a su soberanía.
El proyecto establece distintas penas, que en determinados casos podrían alcanzar los 20 años de prisión, además de multas, inhabilitaciones y restricciones para operar en el país.
La propuesta también contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por autoridades de las áreas de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.
El nuevo esquema busca coordinar herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares y de inteligencia frente a situaciones consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
De este modo, la disputa por las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo que combina el reclamo de soberanía, las medidas judiciales argentinas y la explotación de recursos naturales con la posición del Reino Unido respecto de las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago.
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