«Uso irregular». El Gobierno solicitó el desalojo de instalaciones de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

Este inmueble fue asignado en enero de 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” para fines pedagógicos. Sin embargo, se constató que nunca se empleó para ese propósito y que, en su lugar, operaban actividades irregulares.

El inmueble albergaba un boliche clandestino, un centro de actividades políticas vinculado a la organización kirchnerista MILES liderada por Luis D’Elía, un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, y la emisora «Radio Rebelde». Según la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estas actividades vulneraron las normas sobre el uso de bienes públicos y desvirtuaron los fines para los cuales el edificio fue asignado.

Además, el lugar fue subutilizado y ocupado irregularmente por familias y organizaciones ajenas al Instituto. Entre las irregularidades observadas, se mencionó la instalación de un boliche en el tercer piso, equipado con luces, parlantes y una barra de bebidas, lo que constituye una flagrante violación a las condiciones de uso establecidas.

Desmentida del Instituto Universitario

La Universidad Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza de Mayo» negó responsabilidad en los hechos. Mediante documentos presentados, argumentaron que esos espacios no formaban parte de sus instalaciones, ya que en noviembre de 2023 se firmó un acta de transferencia de un inmueble diferente, ubicado en Avenida Rivadavia 4615. No obstante, la resolución original de 2018 sigue vinculando al Instituto con la gestión y cuidado del edificio cuestionado.

Antecedentes y responsabilidades
La resolución RESFC-2018-28-APN-AABE#JMG asignó el inmueble al Instituto Universitario para instalar su sede, revocando permisos previos otorgados a otras organizaciones. Sin embargo, según el Ministerio de Justicia, las condiciones de uso no se cumplieron, lo que permitió el desarrollo de actividades incompatibles con los fines educativos.

El informe también destacó la presencia de propaganda política de movimientos kirchneristas y asociaciones de diversa índole que no justificaban el uso del espacio. Entre ellas, se identificó la «Asociación de los Haitianos Viviendo en Argentina» y la Asociación Civil AMUMRA, cuyas operaciones y horarios plantean dudas sobre la efectividad de su gestión.