El Gobierno nacional resolvió este jueves intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios que revelan presuntas maniobras de coimas vinculadas a la compra de medicamentos y servicios
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el organismo quedará a cargo del doctor Alejandro Alberto Vilches, médico con experiencia en gestión sanitaria y actual secretario de Gestión Sanitaria. Su primera tarea será llevar adelante una auditoría integral.
“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”, subrayó Adorni.
La decisión se conoció horas después de que fuera desplazado de su cargo el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tras la filtración de grabaciones donde describe un esquema de recaudación ilegal mediante pedidos de dinero a empresas proveedoras del Estado, principalmente del sector farmacéutico.
Los audios —difundidos en el programa Data Clave— exponen cómo presuntos operadores solicitaban pagos extra a cambio de facilitar contratos oficiales. Spagnuolo asegura en esas conversaciones que se trataba de maniobras montadas “a sus espaldas”, aunque admite haber advertido a autoridades del Ejecutivo sobre estas prácticas.
En uno de los registros se menciona como actor clave a la Droguería Suizo Argentina, presuntamente vinculada a Martín Menem, con capacidad para fijar condiciones a los proveedores. Según Spagnuolo, el mecanismo incluía un “kiosco” mensual de entre 20 y 30 mil dólares, extendiéndose también a internaciones y transporte.
Contexto político y judicial
El escándalo estalló en paralelo al revés legislativo que sufrió el oficialismo en Diputados, donde la oposición rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa será tratada ahora en el Senado, mientras el gobierno acusa al kirchnerismo de “utilizar políticamente” la situación.
En la madrugada de este jueves, la Vocería Presidencial confirmó la remoción de Spagnuolo y adelantó la intervención del organismo.
Además, la Justicia abrió una investigación formal. La causa quedó en manos del fiscal Franco Picardi, quien deberá determinar responsabilidades y el alcance de las presuntas maniobras de corrupción.
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