El exjefe de Gabinete deberá presentar ante la Justicia documentación para justificar inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales. La fiscalía puso el foco en una diferencia de más de $43 millones entre ingresos y gastos, operaciones por unos 400 mil dólares y fondos vinculados a criptomonedas.
Este miércoles vence el plazo para que Manuel Adorni presente ante la Justicia la documentación requerida para explicar el crecimiento de su patrimonio durante los años en los que integró el gobierno de Javier Milei. El exvocero presidencial es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y deberá responder a una serie de interrogantes formulados por el fiscal Gerardo Pollicita.
La investigación tomó impulso el pasado 10 de agosto, cuando Pollicita presentó un requerimiento con veinte preguntas destinadas a esclarecer las inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial del exfuncionario. A partir de la documentación que entregue Adorni, el fiscal deberá determinar los próximos pasos de la causa y evaluar, entre otras posibilidades, si corresponde citarlo a declaración indagatoria.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. De acuerdo con la investigación, Adorni percibió 35 salarios durante los dos años y medio en los que fue funcionario. Sumados los ingresos de su esposa, la familia habría recibido alrededor de $229 millones, mientras que los gastos registrados durante ese período alcanzaron los $272 millones. La diferencia supera los $43 millones.
A esa situación se agregan operaciones realizadas en dólares que, según la fiscalía, no encontrarían hasta el momento una explicación suficiente en los ingresos declarados. Entre ellas aparecen viajes al exterior, alquileres, la adquisición de inmuebles y distintas refacciones.
La compra y puesta en condiciones de una vivienda en el country Indio Cuá, junto con la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró 550 y su correspondiente mobiliario, representaron desembolsos que la investigación calcula en unos 402.578 dólares. Entre las mejoras realizadas en la propiedad figuran una piscina climatizada, un jacuzzi, una parrilla y una cascada.
Las explicaciones de Adorni, bajo la lupa
La situación también quedó marcada por las distintas explicaciones que el exfuncionario fue dando sobre el origen de parte de los fondos. En declaraciones públicas sostuvo que no existió ocultamiento patrimonial y afirmó que sus bienes estaban declarados.
Sin embargo, tras el inicio de la investigación judicial, surgieron diferencias respecto de una declaración jurada anterior, en la que aparecieron cerca de medio millón de dólares adicionales.
Adorni explicó posteriormente que parte de ese dinero provenía de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás. Según su versión, junto con su esposa habrían invertido alrededor de 200 mil dólares en 2014 y obtenido una ganancia cercana a los 300 mil dólares.
También hizo referencia a dinero que, según relató, habría encontrado en la vivienda de su padre luego de su fallecimiento. Estas explicaciones forman parte ahora de los elementos que la Justicia busca contrastar con documentación concreta.
Cuatro billeteras de criptomonedas
Otro de los aspectos que llamó la atención de la fiscalía es la existencia de cuatro billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas en Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango. Según el requerimiento, esas cuentas no habrían sido incluidas en las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes.
La investigación también detectó ingresos de origen todavía desconocido por unos $7,5 millones en una cuenta del Banco Nación, además de otras dudas sobre posibles bienes que podrían formar parte del patrimonio del exfuncionario.
Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, la presentación que realice Adorni será determinante para el avance de la causa. La documentación deberá respaldar el origen de los fondos y explicar las diferencias que, hasta ahora, la fiscalía considera insuficientemente justificadas.
Una vez analizada esa información, Pollicita tendrá que decidir si las explicaciones resultan satisfactorias o si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales, incluida una eventual declaración indagatoria del exjefe de Gabinete.
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