En medio del clima de tensión creciente por la inminente reforma laboral, el Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que se sumen al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida fue confirmada por fuentes oficiales, mientras la administración de Javier Milei avanza con un amplio paquete de reformas que aún no se presentó en detalle.
La protesta de ATE incluye un retiro de los lugares de trabajo desde las 11, una concentración frente al ex Ministerio de Trabajo y un acto central desde las 13. El gremio estima una movilización de al menos cinco mil trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los reclamos, denuncia una pérdida del 32% del poder adquisitivo del salario estatal en los últimos 23 meses, según sus propias mediciones.
Esta es la primera medida gremial de estas características tras las elecciones del 26 de octubre, y se da en la antesala del debate legislativo por la reforma laboral. La iniciativa forma parte de la segunda etapa de reformas que impulsa el Gobierno, junto con modificaciones tributarias, el nuevo Código Penal y la aprobación del Presupuesto.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, relacionó la reforma laboral con el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. “La reforma y el acuerdo están vinculados: trabajar más y cobrar menos para abaratar costos. Sin huelga y movilización no la frenamos”, sostuvo. Asimismo, el sindicato aceitero anticipó que podría recurrir a medidas de fuerza si se avanza sobre los derechos laborales.
En redes sociales, Aguiar profundizó sus cuestionamientos y afirmó que los trabajadores no necesitan conocer una “letra chica” para entender el impacto de la reforma. “No podemos esperar al recambio parlamentario. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de los sindicatos son el vehículo elegido para debatir”, expresó.
El dirigente también explicó que la movilización hacia el ex Ministerio de Trabajo busca rechazar modificaciones en la estructura de la autoridad laboral. Acusó al Gobierno de intentar desmantelar áreas clave de fiscalización para “imponer nuevas reglas sin control”.
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, denunció ante la Justicia a Aguiar por supuestas amenazas contra el orden constitucional, a partir de declaraciones en las que el sindicalista sostuvo que “su trabajo es provocar la crisis del Gobierno”. Aguiar negó la acusación y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.
Bullrich advirtió públicamente que la manifestación debía realizarse “en la vereda y de manera pacífica” y recordó que el protocolo antipiquetes prohíbe cortar calles y veredas. “Si se ponen violentos, las fuerzas van a responder”, afirmó. Aguiar, en cambio, responsabilizó al Gobierno por cualquier incidente durante la jornada.
El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, respaldó la posición de Bullrich y agregó que si un dirigente busca “provocar la caída del Gobierno”, corresponde denunciarlo penalmente. “El que las hace, las paga”, escribió en sus redes.
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