Allanamiento en un depósito de Sur Finanzas en Turdera
La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas, por presunto lavado de activos, incorporó un elemento clave: la Justicia comprobó la existencia de un plan organizado y jerárquico destinado a eliminar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.
El expediente, que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la empresa y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según consignó TN, entre el 1° y el 11 de diciembre de 2025 se activó un verdadero protocolo de emergencia orientado a borrar rastros de la operatoria financiera. La maniobra incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo masivo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La reconstrucción de los hechos se apoya en chats internos recuperados por los investigadores, que revelan una estructura de mando clara. Uno de los episodios centrales ocurrió en la madrugada del 1° de diciembre, cuando a las 00:51 la secretaria de Vallejo, Daniela Sánchez, envió instrucciones directas a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, hoy procesada con arresto domiciliario por encubrimiento.
El mensaje fue explícito: un empleado identificado como Enrique debía “ir a recaudar dinero” y luego transmitirle a Agustín la orden de que “borre las cámaras”. En paralelo, se pidió que Juan, del área de Sistemas, “se quede en su casa”, una decisión que —según el expediente— buscaba apartarlo de la escena y preservar recursos técnicos para tareas posteriores de limpieza digital.
La causa identifica a Agustín Maciel como quien ejecutó una de las órdenes más sensibles: ese mismo día eliminó los registros fílmicos de la empresa, confirmando la hipótesis del borrado deliberado de evidencia.
La maniobra de encubrimiento habría involucrado a distintas áreas de la firma. La investigación señala a Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien ordenó que se ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas y dejar inoperativos los sistemas informáticos.
Días más tarde, el 6 de diciembre, un intercambio de mensajes entre una cajera identificada como Cecilia y la tesorera Micaela Sánchez dejó al descubierto la existencia de documentación física sensible.
“Tengo eso. Vos después decime qué hago”, escribió la empleada. “¿Qué te había dado?”, respondió Sánchez. “Dos cuadernos. Están bien guardados”, contestó la cajera. Para la Justicia, este diálogo confirma el resguardo deliberado de una contabilidad paralela fuera del circuito formal.
El operativo continuó hasta el 11 de diciembre, cuando Sánchez avisó al área de Sistemas que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”, en referencia al retiro de hardware y teléfonos celulares para sacarlos del alcance judicial.
En paralelo, Rolando Soloaga, jefe de choferes, informó en un grupo interno que, “a pedido del jefe”, se montarían guardias en el estacionamiento, además de coordinar tareas de limpieza y el retiro de ploteos identificatorios de las camionetas de la empresa.
Las órdenes impartidas por chat se materializaron el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó a la fiscalía sobre una mudanza acelerada realizada por camionetas Toyota SW4 de la financiera hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En el lugar fue detenida in fraganti Micaela Sánchez, quien intentaba ocultar teléfonos celulares debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.
Como consecuencia de ese operativo, el 23 de diciembre el juez Armella procesó con prisión preventiva bajo arresto domiciliario a Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, imputados por encubrimiento agravado.
Desde el entorno de Ariel Vallejo rechazaron las acusaciones y aseguraron que el empresario no dio órdenes para destruir pruebas. “Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo”, sostienen.
La estrategia defensiva apunta a desligar al titular de la firma y sugiere que los empleados pudieron haber actuado por cuenta propia, amparados en la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Mientras tanto, la causa por lavado de activos continúa avanzando. El expediente ya incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares y apunta a una trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y el uso de una red de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones.
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