Sueños Compartidos: tras años de demoras, los Schoklender irán a juicio por el desvío de fondos públicos

Luego de más de una década de dilaciones, el Tribunal Oral Federal N.º 5 fijó fecha para el inicio del juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, que investiga una presunta defraudación al Estado nacional en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. La primera audiencia se realizará el martes 11 de febrero, a las 9, bajo modalidad virtual.

El proceso judicial sentará en el banquillo de los acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, junto a ex funcionarios nacionales como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de esa cartera Abel Fatala, entre otros imputados.

Urgencia judicial para evitar la prescripción

La fijación de la fecha responde a una situación procesal crítica. Fuentes judiciales indicaron que la causa enfrenta un riesgo inminente de prescripción en septiembre de este año, cuando se cumplirán seis años desde el requerimiento de elevación a juicio y el ofrecimiento de pruebas por parte de la Fiscalía, plazo que coincide con el máximo de la pena prevista para el delito de defraudación a la administración pública.

Ante ese escenario, el tribunal —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— resolvió avanzar únicamente con el tramo vinculado al desvío de fondos públicos y postergar para una instancia posterior la investigación por lavado de activos. La estrategia busca asegurar una sentencia sobre el delito precedente antes de que se extingan los plazos legales.

Más de 200 millones bajo la lupa

El debate oral se centrará en el destino de los recursos transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre marzo de 2008 y junio de 2011. De acuerdo con la acusación fiscal —que estará representada por el fiscal Diego Velasco—, el Tesoro Nacional giró en ese período unos 748 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios en distintas provincias y municipios.

Las pericias contables y la investigación judicial determinaron que, de ese monto total, al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados de su finalidad original. Según la hipótesis acusatoria, los fondos no fueron aplicados a las obras convenidas, sino que terminaron canalizados hacia empresas controladas por los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— y utilizados para gastos personales, adquisición de bienes de lujo y actividades ajenas al objeto social de la Fundación.

Acusados con condenas previas

El juicio tendrá la particularidad de involucrar a ex altos funcionarios que actualmente cumplen condenas de prisión efectiva.

Julio De Vido participa del proceso desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido con condenas firmes por la Tragedia de Once y otros procesos en curso, como la causa Cuadernos.
José López, por su parte, cumple condena tras el episodio de los bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez y por delitos vinculados al enriquecimiento ilícito y la administración fraudulenta.

Los hermanos Schoklender regresan así al centro de la escena judicial, en una causa que desde sus inicios estuvo atravesada por la controversia, debido a sus antecedentes penales por el parricidio cometido en 1981 y por el manejo discrecional de los fondos del programa habitacional.

El expediente incluía originalmente a Hebe de Bonafini, histórica presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien falleció en noviembre de 2022.

Testigos y responsabilidad política

La nómina de testigos aceptados por el Tribunal incluye a dirigentes de peso en la política nacional, en su mayoría ex gobernadores e intendentes de distritos donde debían ejecutarse las obras.

Entre los citados figuran el senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el ex gobernador de Misiones Maurice Closs; el intendente de Tigre Julio Zamora; y el ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.

Durante la etapa de instrucción, estos funcionarios fueron indagados y luego sobreseídos. La Justicia consideró probado que los mandatarios locales no tenían margen de decisión para elegir a las empresas constructoras, ya que la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo era una condición impuesta desde el Ministerio de Planificación Federal para la liberación de los fondos. Se espera que sus testimonios en el juicio oral ratifiquen ese esquema administrativo.

Una causa emblemática

La investigación se inició en 2011, a partir de denuncias y revelaciones periodísticas que expusieron el elevado nivel de vida de los apoderados de la Fundación, incompatible con sus ingresos declarados. La causa estuvo inicialmente a cargo del entonces juez federal Norberto Oyarbide, cuya actuación fue cuestionada por la lentitud del trámite.

Recién en mayo de 2019, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio por cerrada la instrucción y elevó el expediente a juicio oral. Sin embargo, la falta de fecha de inicio mantuvo la causa paralizada durante años en los tribunales de Comodoro Py, hasta esta resolución de último momento que busca evitar la prescripción en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década.