Martes 20 de octubre de 2026

Política

Ricardo Echegaray fue exonerado de ARCA tras quedar firme su inhabilitación para ejercer cargos públicos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la exoneración de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante los gobiernos kirchneristas, luego de considerar ejecutable la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas que le fue impuesta por la Justicia en la causa Oil Combustibles.

La medida fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y responde al cumplimiento de una condena por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Según el organismo, la decisión no implicó una nueva evaluación disciplinaria, sino la aplicación directa de las consecuencias administrativas derivadas de una sentencia judicial firme.

Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral Federal N.º 3 a cuatro años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La situación quedó consolidada luego de que, el pasado 12 de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso extraordinario presentado por su defensa.

ARCA fundamentó la exoneración en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo, que establece esta sanción cuando existe una condena que incluya inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Las áreas técnicas y jurídicas concluyeron que ya no existen recursos con efecto suspensivo que impidan ejecutar la medida.

La condena de Echegaray se originó en la investigación sobre Oil Combustibles, empresa del Grupo Indalo. La Justicia determinó que desde la AFIP se otorgaron planes de pago irregulares que permitieron a la firma evitar durante años el pago de una millonaria deuda por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), generando un perjuicio al Estado.

La exoneración representa la máxima sanción administrativa prevista para el personal del organismo recaudador y supone la desvinculación definitiva de Echegaray de la administración pública nacional. Con esta decisión, ARCA dio por concluido administrativamente uno de los procesos derivados de una de las causas de corrupción más relevantes vinculadas al manejo de recursos públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

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