Reforma laboral: Milei apuesta por cambiar las reglas del trabajo sin tocar las indemnizaciones

El Gobierno ultima los detalles de una reforma laboral que promete reordenar el mercado de trabajo argentino sin alterar el esquema clásico de indemnizaciones. La iniciativa, elaborada por el equipo de Federico Sturzenegger junto a Sandra Pettovello y Julio Cordero, avanza sobre otros pilares del sistema: convenios colectivos, derecho de huelga, financiamiento sindical y salarios atados a la productividad.

Aunque todavía no existe una versión definitiva, el texto que circula entre los técnicos del Consejo de Mayo confirma los ejes sobre los que el Ejecutivo pretende legislar. La presentación oficial está prevista para mediados de diciembre, tras meses de negociaciones con gobernadores, legisladores, empresarios y la CGT.

En el oficialismo admiten que la nueva ley retomará conceptos ya incluidos en el DNU 70/2023, frenado por la Justicia. Esa decisión anticipa el choque con la central obrera, que desde hace semanas advierte que no aceptará ninguna reedición de aquel decreto.

Indemnizaciones: intocables pero con opciones privadas

El punto más sensible del debate —la indemnización por despido— no será modificado. Se mantendrá el esquema de un mes de sueldo por año trabajado, sin tope de antigüedad, aunque sí con el límite ya vigente sobre la base salarial para el cálculo.

Fuentes del Consejo de Mayo remarcan que “no habrá perjuicio para el trabajador”, pero el texto contempla alternativas voluntarias como los fondos de cese laboral o seguros privados, a cargo del empleador. Se trata de mecanismos que ya existen en algunos sectores, como la construcción, pero ahora podrían ampliarse por convenio.

Salarios dinámicos y convenios por empresa

Uno de los cambios estructurales apunta a redefinir la negociación colectiva. El proyecto propone que los acuerdos por empresa tengan prioridad sobre los convenios por actividad, lo que reduce el poder centralizado de los sindicatos nacionales y fortalece a las comisiones internas dentro de cada firma.

A la vez, la iniciativa introduce el concepto de “salarios dinámicos”, una categoría que vincula la remuneración a la productividad individual, el mérito y la situación económica de la empresa. Según sus impulsores, busca “alinear los salarios con los resultados sin afectar los mínimos legales”. En la práctica, podría habilitar esquemas más flexibles en pymes y sectores de alta rotación laboral.

Huelga, cuotas sindicales y financiamiento gremial

Otro de los capítulos conflictivos es la reglamentación del derecho de huelga. El Gobierno retomará el esquema suspendido del DNU 70, redefiniendo los servicios esenciales —que deberán garantizar una cobertura del 75%— y los trascendentales, con un piso del 50%.

Además, se limitarán las cuotas solidarias, el principal sostén financiero de los gremios, al establecer que solo podrán aplicarse a trabajadores que las acepten de manera expresa. La medida fue una vieja bandera de Sturzenegger y podría afectar seriamente los ingresos sindicales, especialmente en sectores con baja afiliación.

Ultractividad, litigiosidad y nuevas formas de empleo

La reforma también pone la lupa sobre la ultractividad de los convenios —la vigencia automática de los acuerdos una vez vencidos—. El texto mantiene ese principio solo para las “cláusulas normativas” (condiciones laborales), pero lo elimina para las “obligacionales” (aportes y compromisos entre partes), con el fin de forzar actualizaciones periódicas.

El principio de la norma más favorable al trabajador se preserva, aunque se incorporan criterios de interpretación “más objetivos” para reducir la litigiosidad. En paralelo, se delimita el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo regímenes especiales como el empleo público, doméstico, agrario y el trabajo en plataformas digitales, una frontera clave frente al avance de nuevas formas de empleo.

Flexibilidad horaria y simplificación administrativa

La iniciativa incorpora además el banco de horas, que permitirá calcular la jornada semanal por promedios, y habilita el fraccionamiento de vacaciones en tramos no menores a siete días.

En el plano administrativo, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que unificará registros laborales y simplificará los trámites de alta y control de empleados. Para el Ejecutivo, esta estructura reducirá costos y facilitará la formalización en pequeñas empresas.

Una reforma que reabre viejas grietas

Más allá de su redacción técnica, la reforma laboral tiene un claro trasfondo político. El Gobierno busca demostrar que puede avanzar en los cambios estructurales bloqueados durante décadas, pero enfrenta la oposición cerrada de la CGT y de parte del Congreso.

La exclusión de los sindicatos del proceso de diseño y la decisión de reinstalar temas ya judicializados anticipan un nuevo frente de conflicto. En los hechos, Milei apuesta a un reordenamiento del poder sindical y empresarial que redefine el equilibrio laboral argentino: menos tutela colectiva, más flexibilidad y una negociación descentralizada que deja a los trabajadores ante un nuevo escenario de incertidumbre y adaptación.