La disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei sumó este martes un nuevo capítulo, con un frente judicial abierto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una ofensiva legislativa de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense para exigir explicaciones sobre distintos programas provinciales.
Durante la mañana, Kicillof se presentó en el Palacio de Tribunales para avanzar con uno de los ocho reclamos que la provincia mantiene contra el Estado nacional por transferencias suspendidas o adeudadas. Desde la gobernación sostienen que la deuda acumulada supera los 681.000 millones de pesos, en el marco del fuerte ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la decisión del Ejecutivo nacional de frenar giros destinados a cubrir déficits previsionales provinciales a partir del DNU 280/2024. En La Plata consideran que la denominada “motosierra” del Gobierno nacional impactó de lleno en las cuentas bonaerenses y redujo recursos esenciales para sostener áreas sensibles.
En paralelo, el bloque libertario en el Senado provincial, alineado con el armador bonaerense Sebastián Pareja, comenzó a avanzar con pedidos de informes dirigidos al Ejecutivo provincial. La iniciativa apunta especialmente al programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), ante versiones sobre una posible reformulación o recorte.
El senador provincial Carlos Curestis reclamó que la administración bonaerense detalle cómo continuará la asistencia alimentaria para miles de familias y advirtió que “no se puede jugar políticamente con la comida de la gente”. El pedido legislativo incluye información sobre beneficiarios, presupuesto, mecanismos de control y eventuales cambios en el esquema de ayuda social.
La tensión también se trasladó al plano sanitario. Legisladores de La Libertad Avanza presentaron proyectos para exigir la normalización del funcionamiento del IOMA, la obra social bonaerense, luego de reiteradas denuncias por demoras en prestaciones, deuda con proveedores y suspensión de servicios médicos.
Además del reclamo previsional, la provincia presentó demandas por la eliminación de fondos clave como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el FONID, subsidios al transporte y recursos ambientales, en una disputa que refleja el creciente enfrentamiento político e institucional entre la Nación y el principal distrito del país.
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