Por decreto, el Gobierno aumentó las retenciones y creó el Fondo del Trigo

Tras el anuncio de Alberto Fernández, el Gobierno publicó este sábado en el Boletín Oficial los decretos que ponen en marcha el aumento de 31% a 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios.

Se señaló a la invasión rusa en Ucrania como una de sus causas.

Se trata de las dos primeras medidas de lo que el Presidente bautizó días atrás como una “guerra contra la inflación”. Pese a las expectativas generadas, Fernández adelantó que el conjunto de las medidas serán comunicadas en detalle a lo largo de los siguientes días por parte de su equipo de Gobierno.

A través del decreto 131 de 2022, el Gobierno oficializó la suba de las retenciones. En concreto, suspendió “hasta el 31 de diciembre” el decreto 790 de 2020 en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a reponer el valor de 33% fijado en el decreto 230 del mayo de ese año.

Por otro lado, el Gobierno dio luz a la creación del Fondo Fiduciario Público “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”, según se especificó.

Mediante el decreto 132, se especificó que el Contrato de Fideicomiso del Fondo será suscripto por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la cartera a cargo de Matías Kulfas, “y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada que designe la Autoridad de Aplicación en calidad de fiduciario”.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”, sostuvo el Gobierno en sus considerandos.

Según el decreto, el Fondo Estabilizador pretende “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Sin embargo, se aclaró que se excluirán del alcance del Fondo las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado creado el 4 de marzo por una resolución conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivos y de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como también los productos del Programa de “Precios Cuidados” previstos en el fideicomiso de referencia.

En este sentido, el Fondo Estabilizador del Trigo se solventará con la suba de retenciones temporal establecida en el decreto 131, “cuyo objetivo será estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.
Argumentos

En el decreto que autoriza el aumento de las retenciones, el Gobierno puntualizó que “la invasión de la Federación de Rusia ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”.

En ese sentido, consignó que ambas naciones “aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzado alzas históricas”.

En esa línea, la norma firmada por Alberto Fernández señaló que “se hace necesario alentar a los productores argentinos y a las productoras argentinas para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda”.

En ese sentido, remarcaron: “Se entiende oportuno que recobren su vigencia, para aquellas mercaderías, temporariamente, las alícuotas previstas en el Decreto N° 230 del 4 de marzo de 2020, con el fin de que el excedente que se recaude se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y, particularmente, para los sectores de menores ingresos”.