Ordenaron la subasta de dos aviones de Lázaro Báez

Guardados en un hangar, pendientes de reparación y olvidados. Los aviones del empresario Lázaro Báez, preso por la Ruta del dinero K, tendrán un nuevo dueño dentro de poco, ya que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 autorizó al Estado Nacional a subastar ambos.

La decisión del TOF que juzga a Báez por lavado de dinero -causa por la que está detenido desde hace casi tres años- estuvo basada en que, con el paso del tiempo, los aviones continúan perdiendo valor y en que la reparación para poder utilizarlos demandaría 350 mil dólares.

El pedido de subastar los aviones había sido formulado por el fiscal Abel Córdoba y fue finalmente aceptado por los jueces que integran el TOF 4. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) comenzará con el proceso de subasta pública, que en principio se haría a través de Internet.

Las aeronaves que serán subastadas son un LearJet 35A (LV-BPL), que permanece bajo guarda judicial del ministerio de Seguridad, y un Rockwell Turbo Commander 690B, que quedó bajo la custodia de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac).

Ambas se encuentran fuera de operación debido a problemas técnicos: los costos de reparación ascienden a casi 350 mil dólares. El valor de venta, según las primeras tasaciones, sería de 1.300.000 dólares por los dos aviones. Una vez que la AABE concrete la operación, tendrá que informar y hacer público los valores finales.

«La Justicia acaba de darnos la orden de que procedamos con la subasta. Es una lástima que haya pasado tanto tiempo, hoy vale menos de la mitad de lo que costaba hace dos años. Estos aviones son muy caros de mantener y si no se los usa, pierden rápidamente su valor”, aseguró Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. «Actualmente las aeronaves se encuentran sin operar por problemas técnicos. Estos bienes de la corrupción volverán a la sociedad», agregó.

Báez está detenido desde hace casi tres años. Su captura fue dispuesta primero por el juez federal Sebastián Casanello y luego por el TOF 4 en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.