Ordenan la inmediata detención del kirchnerista Claudio Uberti

La Justicia ordenó la detención inmediata del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti para que comience a cumplir la condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por su participación en el ingreso al país de la valija con casi 800 mil dólares que transportó el empresario venezolano Guido Antonini Wilson en 2007.

La medida fue dispuesta por la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por la defensa y dejara firme la sentencia. La orden judicial estableció su “inmediata captura” y encomendó el procedimiento a la Policía Federal, con alojamiento previsto en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Hasta media mañana de este miércoles, Uberti aún no había sido detenido.

Uberti, de 68 años, fue condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por haber intervenido más de una persona y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa. Al momento del hecho se desempeñaba como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y viajaba en el avión privado en el que Antonini Wilson ingresó al país con el dinero sin declarar.

La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso extraordinario por incumplimientos formales. En su resolución, el máximo tribunal señaló que la presentación no respetó los requisitos establecidos en la Acordada 4/2007, lo que dejó firme la condena dictada por las instancias anteriores. Por el mismo motivo, también fueron rechazados los recursos de otros ex funcionarios aduaneros condenados en la causa a penas menores, en suspenso, por encubrimiento de contrabando agravado.

El episodio que dio origen al caso ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA) en el marco de gestiones vinculadas a acuerdos energéticos bilaterales. Entre los pasajeros se encontraban Uberti, su secretaria privada Victoria Bereziuk, el entonces presidente de ENARSA Exequiel Espinosa y Antonini Wilson, además de empresarios ligados a PDVSA.

Durante el control de equipajes, una valija que no había pasado por el escáner despertó sospechas del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Al ser consultado, Antonini Wilson afirmó que llevaba “libros y unos papelitos”, pero al abrir el equipaje se encontraron 790.550 dólares en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria. El dinero fue incautado y posteriormente destinado a jardines de infantes de zonas vulnerables.

Antonini Wilson nunca se presentó ante la Justicia argentina ni retiró el dinero. Tras participar ese mismo día de un acto en la Casa Rosada, regresó a Estados Unidos, donde colaboró con el FBI y declaró que los fondos estaban destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En ese país, la Justicia federal condenó a varios ciudadanos venezolanos y a un uruguayo por intentar comprar su silencio, en una causa que tuvo fuerte repercusión internacional.

En la Argentina, el expediente atravesó un extenso recorrido judicial. Tras una etapa inicial marcada por una falta de mérito y el riesgo de prescripción, la causa se reactivó al incorporarse a la investigación ex funcionarios de mayor jerarquía, lo que permitió extender los plazos. En 2018, el juez Pablo Yadarola dictó un procesamiento que impulsó el caso hacia el juicio oral, realizado en 2023. Allí, Uberti fue condenado, mientras que Julio De Vido y Ricardo Echegaray resultaron absueltos.

La condena fue confirmada en noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, que destacó la solidez del cuadro probatorio y sostuvo que los hechos formaron parte de un entramado destinado a eludir los controles aduaneros. Con la decisión de la Corte Suprema, la sentencia quedó definitivamente firme y se cerró el trámite del caso, tras casi dos décadas de proceso judicial.