La presidenta del tribunal, Marcela Davite, notificó la orden al jefe de la Policía de Entre Ríos, instruyendo que Urribarri sea alojado en la Unidad Penal 1 tras su captura.
La detención se concreta en el marco de una causa que lo encontró culpable de malversar fondos públicos, algunos de los cuales se habrían utilizado para financiar campañas electorales mediante contratos irregulares de imprenta y publicidad.
La sentencia contra Urribarri, que fue embajador en Israel durante la presidencia de Alberto Fernández, fue confirmada por la Casación en 2023. Tras el rechazo de un recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal de Entre Ríos, la fiscalía solicitó su arresto, el cual fue inicialmente negado. Sin embargo, tras una apelación, la Cámara finalmente ordenó su detención.
Este caso también provocó la remoción de Cecilia Goyeneche, exfiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien lideró la investigación contra Urribarri. Destituida por un jury de enjuiciamiento, Goyeneche busca ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su caso.
Cecilia Goyeneche
Pruebas contundentes
La investigación que llevó a la condena de Urribarri incluyó pruebas calificadas por la Casación como de «volumen y contenido incriminador pocas veces visto». Un hallazgo destacado fue el de un disco extraíble oculto en la vivienda de un cuñado de Urribarri, descubierto de manera insólita durante un allanamiento.
Otros condenados
Junto con Urribarri, también fueron sentenciados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, ambos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Aguilera fue señalado por liderar la cartelización de imprentas que facilitó el desvío de fondos públicos mientras ocupaba un cargo legislativo.
La detención de Urribarri marca un capítulo crucial en la lucha contra la corrupción en la provincia, destacando la importancia de garantizar transparencia en la administración pública.
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