Lunes 10 de agosto de 2026

Política

Nuevo paquete de reformas: expropiaciones, desalojo de okupas y venta de tierras a extranjeros

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, anunció el envío al Congreso de un amplio paquete de reformas que abarca desde cambios en la ley de expropiaciones hasta modificaciones en el régimen de tierras rurales y desalojos. La presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.

Entre las iniciativas más relevantes, el oficialismo propone restringir las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y elevar las indemnizaciones para los propietarios afectados. Según se explicó, el objetivo es reforzar la seguridad jurídica y generar condiciones más atractivas para la inversión.

En la misma línea, se impulsa una reforma de la ley de tierras rurales que eliminaría las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a facilitar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y el agro.

Otro eje del paquete es la modificación del sistema de desalojos, con la intención de acelerar los procesos judiciales. La propuesta plantea un mecanismo “sumarísimo” que permitiría restituir inmuebles ocupados en un plazo inferior a cinco días, como forma de desalentar las ocupaciones ilegales.

Además, se anunció un proyecto para destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de equipamiento y armamento para la defensa nacional, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad. En este último punto, el Ejecutivo busca endurecer los controles y criterios de acceso a los beneficios.

El paquete también incluye la concesión por 30 años del Complejo Turístico Chapadmalal, con el fin de atraer inversión privada para su puesta en valor y mantenimiento.

Por último, el Gobierno confirmó el envío al Senado de 60 pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial, en una medida orientada a avanzar en la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales.

Las iniciativas se suman a la ya anticipada reforma del Código Penal y abren un nuevo escenario de debate legislativo, donde el oficialismo buscará respaldo para avanzar con su agenda de cambios estructurales.

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