Las diferencias dentro del Gobierno quedaron expuestas tras los cambios en la ley de discapacidad, las críticas de Patricia Bullrich y las disputas entre Karina Milei y el sector de Santiago Caputo.
El debate por el Presupuesto 2027, la caída del consumo y las dificultades económicas anticipan nuevos conflictos para el oficialismo.
Las tensiones dentro del Gobierno de Javier Milei se profundizaron en los últimos días y comenzaron a reflejarse en decisiones legislativas, diferencias entre funcionarios y movimientos políticos con proyección electoral. La aprobación de cambios en la ley de discapacidad, las iniciativas de Patricia Bullrich y los desacuerdos sobre la política económica dejaron al descubierto las dificultades del oficialismo para sostener una estrategia común.
Uno de los principales focos de conflicto fue la modificación de la ley de discapacidad. El Gobierno terminó aceptando cambios impulsados por sectores de la oposición y legisladores aliados, pese a las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo, por el impacto fiscal de las medidas. La negociación fue encabezada por Karina Milei, quien buscó cerrar una disputa que amenazaba con extenderse.
La discusión, sin embargo, continuará durante el tratamiento del Presupuesto 2027, cuando deberá definirse cómo se financiarán las prestaciones previstas. Desde el Ministerio de Economía advirtieron que los recursos disponibles son limitados, mientras que los sectores que promovieron las modificaciones reclaman que las partidas queden expresamente contempladas en el proyecto presupuestario.
Entre los cambios aprobados se incluyeron partidas específicas para programas de discapacidad del Ministerio de Salud y la obligación de mantener los ingresos por beneficiario, en términos reales, al menos en los niveles del ejercicio anterior. También se establecieron requisitos para el otorgamiento de pensiones y procedimientos de notificación, descargo y revisión antes de suspender beneficios, con un plazo de 60 días para realizar esas instancias.
La nueva redacción limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para modificar las condiciones de acceso y disponer bajas automáticas. Como antecedente, en la provincia de Buenos Aires se habían suspendido 20.811 pensiones desde septiembre de 2024 y posteriormente se restituyeron 20.641, el 99,2% de ese total.
La negociación contó con la participación de legisladores de distintos bloques, representantes de organizaciones vinculadas con la discapacidad y referentes sociales. Entre quienes intervinieron estuvieron el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, el sacerdote Pablo Molero, la legisladora Laura Rodríguez Machado y las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet.
La disputa por la ley de discapacidad volvió a exponer las diferencias entre los principales sectores del oficialismo. Karina Milei intervino directamente para facilitar el acuerdo parlamentario, mientras que el área de Salud, conducida por Mario Lugones y vinculada políticamente con Santiago Caputo, había impulsado una propuesta más restrictiva.
El asesor presidencial había cuestionado públicamente las pensiones por invalidez y sostenido que una parte importante de ellas presentaba irregularidades. Sus declaraciones contrastaron con la decisión final de negociar cambios que limitaron la capacidad del Gobierno para suspender beneficios y modificar los requisitos de acceso.
Las diferencias también alcanzaron al proyecto de Defensa de la Soberanía, impulsado por Caputo. La iniciativa quedó sujeta a modificaciones luego de que funcionarios estadounidenses expresaran reparos sobre las sanciones previstas para empresas de ese país que participen o financien proyectos vinculados con las Islas Malvinas.
En paralelo, Karina Milei consolidó su influencia en el área de Justicia tras los cambios en la conducción ministerial. La reorganización redujo la capacidad de intervención de sectores que respondían al asesor presidencial y profundizó las disputas por el control de áreas estratégicas del Gobierno.
Las diferencias también quedaron expuestas en la relación entre el Presidente y Patricia Bullrich. La senadora esperaba que Milei incorporara algunas de las propuestas que le había presentado para estimular la actividad económica, pero, ante la falta de avances, decidió impulsar iniciativas propias.
Una de ellas es un régimen de inversiones para medianas empresas, elaborado por el radical Eduardo Vischi, que contempla montos de entre 12 y 200 millones de pesos. El proyecto propone mecanismos de devolución acelerada del impuesto a las Ganancias y recuperación anticipada del IVA para facilitar las inversiones.
La iniciativa se suma a las diferencias por el denominado Super RIGI, cuyo tratamiento se encuentra trabado por las discusiones sobre los beneficios que recibirían las empresas y la incorporación de condiciones vinculadas con las compras nacionales.
Bullrich también cuestionó la falta de medidas económicas y planteó la necesidad de revisar la estrategia oficial para evitar que el deterioro de la actividad afecte las perspectivas electorales. Según el análisis publicado, la senadora considera que el Gobierno todavía tiene margen para introducir cambios, aunque Milei mantiene su decisión de sostener el rumbo económico.
La disputa se desarrolla mientras el oficialismo intenta ordenar sus vínculos con aliados políticos y definir una estrategia para las próximas elecciones. La eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también genera diferencias, en particular por el mecanismo que se utilizaría para distribuir candidaturas y garantizar la representación de los espacios que acompañan al Gobierno.
El escenario económico agrega presión a las diferencias políticas. Los indicadores de actividad mostraron resultados débiles y alimentaron las previsiones de una posible recesión técnica, que se confirmaría si se registran dos trimestres consecutivos de contracción.
En agosto, la actividad económica tuvo una suba mensual desestacionalizada del 0,1%, después de la caída del 2,8% registrada en julio. Sin embargo, el nivel de actividad permaneció un 1,7% por debajo del mismo mes de 2025.
Los datos preliminares de septiembre elaborados por la consultora Equilibra señalaron una caída interanual del 1% y una mejora mensual del 0,5%, sin estacionalidad. De acuerdo con esas estimaciones, el tercer trimestre podría mostrar una contracción superior al 2% frente al segundo, mientras que el crecimiento anual rondaría apenas el 1%.
La consultora Sudamericana advirtió, además, que en agosto solo cinco de los 15 sectores analizados registraron crecimiento, la menor cantidad desde septiembre de 2024. El informe señaló que las actividades que venían expandiéndose comenzaron a desacelerarse, mientras que las que mostraban retrocesos no lograron recuperarse.
El consumo también continúa debilitado. Según datos del INDEC, las ventas en supermercados cayeron un 3,7% interanual y un 0,8% respecto de julio. En los autoservicios mayoristas, las bajas fueron del 3,6% interanual y del 1,2% mensual. Los centros de compras mostraron un comportamiento diferente, con aumentos del 3,7% interanual y del 3,3% mensual.
A estos indicadores se sumó el incremento del riesgo país. En octubre, el indicador acumuló una suba de 97 puntos básicos y el aumento llegó a 143 puntos en lo que va de 2026. Distintos análisis económicos vincularon el movimiento con las dudas de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus necesidades de financiamiento en 2027 y recuperar el acceso a los mercados de deuda.
La evolución del consumo, la actividad y el riesgo país representa un desafío para el oficialismo, que mantiene su compromiso con el programa económico y descarta, por ahora, modificar sus principales lineamientos.
La ley de discapacidad no es el único frente legislativo que deberá afrontar el Gobierno. El financiamiento universitario aparece como otra de las principales disputas del debate presupuestario, en un contexto de reclamos por los recursos destinados a las instituciones públicas y de nuevas movilizaciones.
El oficialismo también enfrentó dificultades para avanzar con el proyecto sobre morosidad, cuyo tratamiento debió postergarse por falta de votos. Otras iniciativas, como la reforma vinculada con la propiedad privada y el endeudamiento, encontraron obstáculos durante las negociaciones parlamentarias.
La morosidad bancaria registró una leve baja, del 12,9% en julio al 12,8% en agosto, pero la situación de los créditos otorgados por billeteras virtuales y empresas fintech genera preocupación. Según los datos citados en el informe, la morosidad en ese segmento alcanzó el 33,9% en agosto.
En paralelo, el Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para eliminar las PASO. Las negociaciones incluyen a legisladores de La Libertad Avanza, sectores de la UCR y representantes provinciales, aunque todavía persisten diferencias sobre el alcance de la reforma y la distribución de candidaturas.
La discusión también involucra a los aliados del oficialismo, que temen perder espacios de representación si las primarias dejan de funcionar como mecanismo de selección. Bullrich sostiene que el Gobierno debe ofrecer alternativas para mantener esos respaldos, en especial ante la influencia de Karina Milei en la definición de las listas.
Mientras el oficialismo enfrenta sus diferencias internas, sectores de la oposición buscan coordinar posiciones de cara al próximo escenario electoral. En una reciente reunión, referentes del peronismo reafirmaron la necesidad de sostener la unidad, aunque mantienen desacuerdos sobre las candidaturas y la estrategia política.
En ese espacio conviven las posiciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes. La continuidad de las PASO es uno de los puntos de discusión, junto con la definición de un mecanismo que permita ordenar las postulaciones.
También se esperan movimientos en sectores que buscan construir una alternativa por fuera de los principales espacios. El economista Carlos Melconian prepara un lanzamiento político para noviembre, con la intención de reunir a dirigentes y votantes desencantados con el Gobierno y con la oposición tradicional.
El malestar social constituye otro factor de presión. Una encuesta de la consultora Zentrix citada en el informe indicó que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes. Entre los sectores de menores ingresos, el porcentaje ascendería al 83,3%, mientras que en la clase media alcanzaría al 51,4%.
El relevamiento también mostró que el 59,1% de los votantes de La Libertad Avanza considera que sus ingresos no le están ganando a la inflación. El dato refleja que las dificultades económicas también afectan a una parte del electorado que respaldó al Presidente.
Con el Presupuesto 2027 como próximo escenario de disputa, el Gobierno deberá afrontar negociaciones parlamentarias, tensiones entre sus principales referentes y una economía que todavía no muestra señales firmes de recuperación. La continuidad del programa económico, las demandas sociales y la necesidad de sostener a sus aliados aparecen como los principales desafíos para los próximos meses.
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