El Ejecutivo argumentó que esta actividad debe ser responsabilidad del sector privado, buscando preservar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino.
El decreto sostiene que los créditos ofrecidos por la ANSES en el gobierno anterior presentaron tasas nominales anuales del 50 %, mientras la inflación anual alcanzó el 211,4 %, lo que resultó en tasas reales negativas. Según el texto, esto implicó un subsidio implícito a los beneficiarios en detrimento de los activos del FGS, cuya finalidad es garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y no actuar como fondo crediticio.
“La medida optimiza el uso de recursos del Estado y propicia una gestión más eficiente, en línea con los principios de la Ley N° 27.742, que delega facultades para reorganizar competencias de organismos públicos”, señala el decreto.
Rol del sector privado
El Gobierno enfatizó que el otorgamiento de créditos puede ser realizado de manera eficiente por entidades privadas, mejorando así el funcionamiento del Estado. De esta forma, ANSES se enfocará exclusivamente en su misión principal: la administración de beneficios previsionales.
Con esta decisión, la administración Milei profundiza las reformas orientadas a reducir la intervención estatal en áreas que considera delegables al mercado.
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