La senadora Sivia Giacoppo se sumó al marco legal contra los delitos informáticos

Especialistas y parlamentarios latinoamericanos participan del Foro de Seguridad de Las Américas “Criminalización del Ciberespacio”, en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) en Panamá

Se apunta a establecer estrategias conjuntas y marcos jurídicos contra estos delitos.

La senadora nacional por Jujuy destacó que «se trabaja en iniciativas conjuntas, puesto que en un tercio de los países latinoamericanos no existe un marco legal contra los delitos informáticos y únicamente cinco países de la región adhirieron a la Convención de Budapest».

Acompañada del senador Juan Rodríguez, secretario general del PARLATINO; y Elías Castillo, secretario ejecutivo; Giacoppo apuntó que “para tener una magnitud del problema, se estima que los daños económicos de los ataques cibernético podrían sobrepasar el 1% del Producto Interno Bruto en algunos países y en el caso de los ataques a la infraestructura crítica» y añadió que «esta cifra podría alcanzar hasta 6% del PIB”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Regional de Crime Stoppers, Alejo Campos, informó que los delitos cibernéticos se han incrementado en 600% con la pandemia de la Covid-19 y las pérdidas anuales por este flagelo se estiman en 10.5 trillones de dólares anuales a nivel mundial.

Cabe consignar, que el Foro de Seguridad de las Américas “La Criminalización del Ciberespacio”, es coorganizado por la Oficina Regional de Crime Stoppers, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el PARLATINO, y el Programa Regional Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS ADELA).

En cuanto a los ataques cibernéticos, la región de América Latina y el Caribe no solo es un objetivo, sino que también es una fuente importante de los mismos, según coinciden los expertos en el tema.

Por ello, el objetivo del foro es generar conciencia a nivel político de las amenazas informáticas como primer paso para generar legislaciones e iniciativas políticas capaces de proteger a la población de manera efectiva. De esta manera, se busca anticipar posibles ciberamenazas e incidentes de ciberseguridad, a fin de construir una fuerte resiliencia en las estructuras y métodos de defensa que permitan una rápida recuperación ante cualquier ciberataque.