La Legislatura repudió el «golpe de estado» en Bolivia

La Legislatura de Jujuy decidió repudiar el golpe de estado en Bolivia. “Hoy tenemos un gran desafío como Cuerpo, como Poder Legislativo. Lo que expresemos no es la expresión de cualquier provincia, lo hacemos como una provincia con un vínculo de toda naturaleza con el hermano país de Bolivia, ese es el significado que tenemos que darle al debate y al esfuerzo para llegar a un consenso”, señaló Fabián Tejerina, diputado del Bloque U.C.R.

Mediante la Resolución 13/19, la Cámara de Diputados de la Provincia repudió el golpe de estado militar-cívico y policial, el quiebre del orden democrático e institucional, los ataques contra el sistema democrático sufridos por el estado plurinacional de Bolivia y las condenables intervenciones policiales y militares. Además se decidió rechazar enérgicamente cualquier acto de violencia, intimidación y ataques contra el estado de derecho, contra la democracia y el orden institucional, expresando profunda preocupación y condenando la violación de los derechos humanos.

Al respecto, la diputada Alejandra Cejas manifestó “no tengo ninguna duda de que Argentina, por experiencia, no va a tolerar este tipo de situaciones. Debemos acompañar a nuestros hermanos bolivianos, no es un tema menor y es una cuestión que merece nuestra mayor reflexión en representación del pueblo jujeño”.

Por su parte, el diputado Ramiro Tizón declaró “cuando decimos que hay una policía acuartelada y si hay uno o unos comandantes del ejército que públicamente piden, sugieren, que deje el gobierno el presidente Evo Morales, no podemos llamarlo otra cosa que ‘golpe de estado’. Argentina tiene larga experiencia y debemos condenarlos. Argentina es precursora en la firma de la Carta Democrática de la OEA, del Protocolo de Ushuaia, los cuales deben aplicarse”.

Además, la Cámara aprobó las Leyes N° 6.145, N° 6.146 y N° 6.147 de Regularización del Parque Nacional Calilegua; de Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributaras y Beneficios Fiscales Extraordinarios; y de Adhesión a los Artículos 21 y 22 de la Ley Nacional N° 27.445, respectivamente.

La Ley N° 6.145 tiene como objetivo regularizar la situación jurídica del Parque Nacional Calilegua y, además, ratificar el convenio suscripto entre la Provincia y la Administración de Parques Nacionales. Al respecto, la diputada Luna Murillo, miembro informante, explicó “esto viene a dar formalidad con respecto a estas tierras cedidas a Nación y, también, compromete a la provincia para solucionar paulatinamente los pozos petrolíferos ubicados específicamente en Caimancito”.

Por su parte, la Ley N° 6.146 – de Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributarias y Beneficios Fiscales Extraordinarios – tiene como principal finalidad incentivar directamente a los contribuyentes para regularizar sus obligaciones tributarias. Entre otros, la reducción de los intereses resarcitorios y punitorios previstos por el Código Fiscal, la condonación de multas por infracción a deberes formales y por omisión de integración de tributos y la reducción de multas al mínimo legal para agentes de retención.

De esta forma, esta Ley se convierte en beneficios para pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES, incluyendo a potenciales PYMES y para contribuyentes del impuesto inmobiliario e ingresos brutos que cumplieron con sus obligaciones durante el ejercicio fiscal. Lo esencial es posibilitar que los contribuyentes, a través de la operatoria, de modo cierto, concreto, puedan ordenar y pagar sus tributos y que el Fisco gestiones una rápida y eficaz recaudación.

La última Ley aprobada por la Cámara, N° 6.147, habilita la circulación por corredores viales de la provincia a los medios de transporte conocidos como ‘bitrenes’, formaciones encabezadas por un camión convencional y dos o más remolques que se articulan entre sí. El objetivo es aumentar la competitividad en materia de costos para la provincia. “Creemos que esta Ley subsana el reclamo de los empresarios, puesto que se trata de la posibilidad de bajar los costos del transporte automotor entre un 25 y 35%. Significa adaptar el transporte de Jujuy al de otras regiones productivas del país. Creemos que esto dota de mayor competitividad al sector empresarial de la provincia y es el Poder Ejecutivo el que va a determinar los corredores, las medidas de seguridad y los controles”, señaló Guido Luna, miembro informante y diputado del Bloque U.C.R.