La jueza federal Martina Forns suspendió el decreto 461/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida se tomó tras una presentación del gremio SEVINA, que representa a trabajadores del organismo.
La magistrada ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acción derivada del decreto, como traslados, cesantías o reubicaciones de personal, durante un plazo de seis meses. Consideró que la norma pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados y vulnera principios consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos vigentes.
En su fallo, Forns argumentó que Vialidad Nacional es un ente autárquico con regulación específica y que su personal no puede ser reasignado sin afectar derechos adquiridos. También cuestionó que el decreto someta los movimientos de personal a la aprobación discrecional de la Secretaría de Transformación del Estado, lo que, según la jueza, “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad laboral”.
La resolución advierte sobre el riesgo inminente de daño si no se otorga una protección judicial inmediata, y señala que las decisiones sobre el personal deben ser tratadas en el marco de la negociación colectiva.
El Gobierno nacional podrá apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín.
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