Un conjuez de Lomas de Zamora ordenó al gobierno de Axel Kicillof que aplique un aumento escalonado a los magistrados y funcionarios judiciales hasta alcanzar el 80% de sus colegas del fuero federal, durante los próximos cinco años.
El fallo dispuso que el Poder Ejecutivo bonaerense incluya las partidas necesarias en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2022.
La resolución fue dictada por el conjuez de Lomas de Zamora Juan Manuel Álvarez Acuña, quien se hizo cargo de resolver sobre la acción de amparo presentada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales bonaerenses y los presidentes de las asociaciones de los 19 Departamentos Judiciales de la provincia, en mayo de 2018.
La designación del conjuez está contemplada en la Constitución provincial y en varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y se fundó en el hecho de que ningún magistrado puede resolver en una causa en la que resultara afectado sobre sí mismo.
Por tal motivo, se recurrió a la función del conjuez para que decidiera sobre la admisibilidad de presentación realizada por los magistrados y se dictara una resolución. El conjuez fue designado luego de un sorteo realizado entre los letrados de la matrícula presentado por el Colegio de Abogados.
Más de dos años después de analizar las pruebas presentadas por las asociaciones de magistrados, el conjuez resolvió que el aumento debe aplicarse «fijándose como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del 80% de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario de 2022».
El conjuez Álvarez Acuña tuvo en cuenta el acuerdo rubricado, en 2016, entre el Colegio de Magistrado y el gobierno bonaerense, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, para la conformación de una mesa de diálogo.El conjuez Álvarez Acuña tuvo en cuenta el acuerdo rubricado, en 2016, entre el Colegio de Magistrado y el gobierno bonaerense, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, para la conformación de una mesa de diálogo.
La resolución sobre la recomposición salarial se aplicará a jueces, fiscales, defensores, asesores de incapaces, secretarios, prosecretarios y oficiales del Poder Judicial bonaerense.
Entre los fundamentos de su resolución, el conjuez Álvarez Acuña tuvo en cuenta el acuerdo rubricado, en 2016, entre el Colegio de Magistrado y el gobierno bonaerense, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, para la conformación de una mesa de diálogo.
«El incumplimiento del Estado provincial fue lo que motivó la presente acción judicial y, pese a los esfuerzos realizados por esta judicatura para resolver el conflicto con el acuerdo entre las partes, me veo en la obligación de dictar sentencia», expresó el conjuez en la resolución.
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Uno de los planteos de los magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses consistía en que a igual tarea existían remuneraciones diferentes, si se comparaban con los salarios, por ejemplo de la Justicia Federal, donde los jueces reciben una remuneración, en promedio, del 88% superior.
Al fundar su presentación, los magistrados bonaerenses indicaron que la remuneración estaba en el puesto 18 comparada con funcionarios de las otras 22 provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia Federal.
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