Chiqui Tapie, un dirigente bajo sospecha
El juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero y ordenó una serie de medidas para analizar el patrimonio y los movimientos económicos del presidente de la AFA.
La investigación judicial sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, avanzó con nuevas medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero del dirigente en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución contempla alrededor de veinte medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral de Tapia. Los requerimientos alcanzan a distintos organismos públicos, entidades bancarias, plataformas de pagos y criptomonedas, registros de bienes y sociedades, además de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La decisión fue adoptada a partir de los pedidos formulados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación. Entre las medidas se encuentran el pedido de declaraciones juradas presentadas por Tapia en su carácter de funcionario del CEAMSE, información sobre sus ingresos y un detalle de sus salidas del país.
Revisarán la situación fiscal y patrimonial
Uno de los principales requerimientos fue dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá aportar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, además de información tributaria, bienes registrados, pasivos, facturación, retenciones, consumos y vínculos económicos que figuren en sus bases de datos.
El pedido también incluye información sobre inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, participaciones societarias, créditos, activos financieros y bienes radicados en el exterior.
La Justicia busca establecer, a partir de esa documentación, si la evolución patrimonial, los activos declarados, los gastos y los movimientos económicos de Tapia guardan correspondencia con su capacidad contributiva y con los ingresos que percibió durante el período bajo análisis.
Información de bancos y billeteras virtuales
El Banco Central deberá consultar a las entidades financieras bajo su órbita para determinar si Tapia posee o tuvo productos bancarios o crediticios como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante.
En caso de existir registros, los bancos deberán informar sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, operaciones de cambio, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias al exterior. También deberán aportar los movimientos de fondos, fechas de apertura y cierre y domicilios vinculados a las cuentas.
La pesquisa se extiende además a billeteras virtuales y cuentas de pago. COELSA deberá aportar información disponible sobre cuentas, transferencias, destinatarios, originantes y trazabilidad de los fondos.
También investigarán posibles operaciones con criptomonedas
La investigación contempla posibles operaciones con activos virtuales. La Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá requerir información a los proveedores de servicios de activos virtuales registrados.
Además, el juzgado solicitó datos a plataformas como Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX para determinar si Tapia operó en ellas. En caso de encontrar registros, deberán remitir información sobre las cuentas, movimientos, saldos, billeteras vinculadas y operaciones realizadas.
También fueron incluidos en los requerimientos Visa, Mastercard y American Express, mientras que empresas de servicios de remesas deberán informar sobre eventuales envíos o recepciones de dinero vinculados con el investigado.
Pedidos de información al CEAMSE, ANSES y Conmebol
El CEAMSE deberá entregar el legajo personal de Tapia, los ingresos percibidos desde su incorporación al organismo, los cargos que ocupó, las cuentas utilizadas para acreditar sus haberes y las declaraciones juradas que hubiera presentado.
Por su parte, ANSES deberá informar sobre su historial laboral, empleadores, remuneraciones y beneficios registrados. Migraciones tendrá que aportar el detalle de los cruces fronterizos realizados durante el período investigado.
La causa también contempla un exhorto internacional a la Conmebol, con sede en Asunción, para solicitar información sobre los cargos desempeñados por Tapia, sus ingresos, las cuentas donde fueron acreditados y la documentación relacionada con sus designaciones.
La Justicia revisará propiedades, vehículos y sociedades
Las medidas incluyen además consultas a los registros de la propiedad automotor e inmobiliaria, tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires, y a registros de otras jurisdicciones.
El objetivo es determinar las titularidades actuales e históricas de bienes muebles e inmuebles vinculados con Tapia y acceder a la documentación registral correspondiente.
También se solicitará información a organismos encargados del registro de sociedades y personas jurídicas para establecer si el dirigente integró sociedades, asociaciones u otras entidades. En caso afirmativo, deberán remitirse estatutos, balances, designaciones de autoridades y documentación sobre modificaciones de capital y composición accionaria.
Finalmente, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá aportar los antecedentes disponibles en sus registros, incluidos eventuales reportes de operaciones sospechosas, pedidos judiciales y requerimientos provenientes de organismos antilavado del exterior.
La causa se encuentra en una etapa de recolección de información y las medidas ordenadas por el juzgado apuntan a reconstruir la situación económica y patrimonial de Tapia para determinar si existen elementos que sustenten las sospechas investigadas.
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