La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, expuso una visión crítica y sin concesiones sobre el estado actual del Poder Judicial argentino, al que describió como “en terapia intensiva” por la falta de recursos, la inacción política y el avance creciente del crimen organizado. En una entrevista con Infobae en Vivo, la magistrada enfatizó que el sistema se encuentra en un punto de quiebre: “O se reconstruye la independencia judicial o el deterioro será irreversible”.
Arroyo Salgado repasó una extensa causa por lavado de dinero que se originó en Tigre y que, según determinó su juzgado, estaba vinculada al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más grandes de Brasil. El expediente reveló maniobras por más de USD 520 millones, montadas mediante empresas de fachada, movimientos financieros inconsistentes y operaciones en criptomonedas que dificultaban su rastreo.
La jueza explicó que para avanzar en la investigación fue necesario utilizar recursos no tradicionales, como drones, ante las dificultades para ingresar a barrios cerrados. También mencionó que los involucrados provenían de distintos países y que incluso había sociedades dedicadas a atraer estudiantes brasileños, mientras ya eran investigados en su país de origen.
Según Arroyo Salgado, Argentina se convirtió en un terreno atractivo para estas organizaciones debido a la fragilidad institucional: “La corrupción atraviesa a los tres poderes del Estado y permite que grupos criminales regionales encuentren acá un lugar donde operar”.
La magistrada alertó sobre el estado crítico del Poder Judicial, marcado por una cantidad inédita de cargos sin cubrir: más de 600 vacantes y dos años sin designaciones. A esto se suma la renuncia de decenas de jueces y la falta de auditorías y controles.
“El sistema está paralizado. Ni la selección ni la remoción de magistrados funcionan. La degradación viene de los años 90 y se profundizó. Sin una estructura sólida, la Justicia es lenta, ineficiente y vulnerable”, sostuvo.
También cuestionó la integración de la Corte Suprema —reducida a solo tres miembros y sin representación federal ni de género—, así como la permanencia de un procurador interino durante una década, lo que a su juicio limita la capacidad del Ministerio Público para actuar con independencia.
Arroyo Salgado describió las dificultades cotidianas de los juzgados federales del Conurbano, donde los recursos humanos y tecnológicos están muy por detrás de los que utiliza el narcotráfico. “En mi juzgado trabajamos treinta personas para cuatro municipios, con equipos antiguos e insuficientes. A veces los propios empleados tienen mejores computadoras que las oficiales”, señaló.
También denunció la persistencia de prácticas que favorecen el delito, como la autorización de teléfonos celulares dentro de cárceles bonaerenses, decisión adoptada durante la pandemia por razones humanitarias pero que se mantiene vigente. “Las bandas siguen dirigiendo robos, homicidios y extorsiones desde adentro de las cárceles”, advirtió.
Pese a la envergadura de la investigación, la causa terminó con un acuerdo abreviado que fijó penas en suspenso de tres años por lavado simple, muy lejos de las imputaciones originales. Para la jueza, este desenlace es un símbolo de la distorsión que atraviesa el sistema judicial: “Era un caso que merecía un juicio oral. La sobrecarga, la falta de recursos y la prioridad en expedientes de alto perfil facilitan resoluciones que no reflejan la gravedad de los delitos”.
La magistrada insistió en que la reconstrucción institucional solo será posible si la sociedad exige transparencia y rechaza prácticas arraigadas que naturalizan la corrupción. “La Justicia es el lugar donde el ciudadano se enfrenta al poder. Si la sociedad no reclama, nada cambia. La educación en valores y la participación activa son la base para cualquier transformación”, subrayó.
Arroyo Salgado concluyó con un mensaje contundente: “Si logramos tener una Justicia independiente, ganamos todos. Si dejamos que el deterioro avance, nadie estará protegido. Hoy estamos en un límite y las decisiones que se tomen —o se sigan postergando— van a marcar el futuro del país”.
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