La Sala I de la Cámara Federal revocó el archivo de una causa que investigaba al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el cierre de la investigación fue «prematuro» y ordenaron reabrir el expediente, iniciado por una denuncia de la Fundación Apolo.
Además, el tribunal reconoció a dicha ONG como parte querellante, al valorar su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Esto le permitirá impulsar nuevas medidas de prueba en la etapa de instrucción.
La denuncia apunta a presuntas violaciones de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, referidos a la trata de personas, y se basa en testimonios que señalan que Morales habría convivido con adolescentes durante su asilo en Argentina, otorgado en 2019 por el gobierno de Alberto Fernández. Entre los elementos presentados figura la declaración de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana, quien aseguró haber visto a menores realizando tareas domésticas en la residencia del exmandatario.
La Fundación Apolo sostiene que estas adolescentes habrían sido trasladadas desde Bolivia en condiciones de vulnerabilidad, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Según Ponce, incluso se ofrecían «niñas como obsequios» a modo de prebenda, algo que —según afirmó— era conocido en el entorno del expresidente.
«La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se encubra una red de impunidad bajo argumentos diplomáticos o políticos», sostuvo el legislador porteño Yamil Santoro, director de Apolo y querellante en la causa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también había hecho pública la denuncia en noviembre de 2024, señalando que Morales habría convivido con cuatro adolescentes mientras estuvo refugiado en el país. «El peor de los delitos, en nuestro suelo», expresó entonces a través de su cuenta de X.
La causa, que había sido archivada en primera instancia, vuelve ahora a la etapa de investigación. Con esta decisión judicial, la Fundación Apolo queda habilitada para presentar nuevas pruebas y requerir medidas tendientes a esclarecer los hechos.
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