La estatización de la verdad (Opinión de Andrés Mendieta)

El vértigo del presente político argentino diluye los contornos del pasado hasta volverlos casi indistinguibles, como si la crispación cotidiana operara un acto de amnesia que impide reconocer las continuidades profundas bajo las retóricas antagónicas

El anuncio de la creación de la oficina de respuesta oficial por parte del gobierno de Javier Milei no constituye una excepción, sino su confirmación más elocuente. Se ha instalado en la Casa Rosada un dispositivo cuya naturaleza esencial remite, con inquietante fidelidad, a aquellos mecanismos que el propio oficialismo denunciaba cuando ocupaban el poder otras fuerzas políticas. La secretaría de coordinación estratégica para el pensamiento nacional encuentra así su réplica simétrica en esta nueva oficina destinada a imponer una verdad oficial, y lo revelador no es tanto la existencia de estos organismos como la concepción del poder que los sustenta: una concepción que, más allá de las adscripciones ideológicas, exhibe los rasgos inequívocos de una vocación autocrática que Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei comparten como hijos de una misma tradición que encuentra en la verticalidad, la obediencia ciega y la unificación del pensamiento las condiciones indispensables para el ejercicio del gobierno.

La frase pronunciada por la secretaria general de la Presidencia ante los diputados libertarios resuena como un eco de otras épocas no tan lejanas. Primero se vota y después se lee, sentenció, y en esa sola expresión quedó cristalizada una filosofía del poder que reduce la función legislativa a la mera mecánica del levantamiento de manos. Lo más penoso no es que se lo digan, sino que ellos aplaudan cuando lo escuchan, y ese aplauso constituye el signo más evidente de la internalización de una lógica que asimila la lealtad con la subordinación y la disciplina partidaria con la obediencia ciega. ¿Acaso no era esta misma lógica la que imperaba en los años del kirchnerismo, cuando Carlos Zannini advertía que a la presidenta no se le habla, se la escucha, y la obsecuencia fue elevada a categoría de norma para la supervivencia en las estructuras del poder? La sumisión o el destierro que hoy predica el mileísmo reproduce con precisión el esquema de disciplinamiento que el kirchnerismo aplicó durante sus doce años de hegemonía, y esta semejanza no debería sorprender a quien haya observado con atención la historia política argentina, donde los personalismos autoritarios suelen revelarse, más allá de sus ropajes ideológicos, como variaciones sobre un mismo patrón de concentración del poder y aniquilamiento del disenso.

La creación de la oficina de respuesta oficial constituye la traducción institucional de aquella máxima que proclama que el que quiera opinar que se atenga a las consecuencias. Se trata de un organismo concebido no para transparentar la gestión ni para ofrecer información veraz, sino para imponer una narrativa única que opere como clausura del debate público y como instrumento de hostigamiento contra quienes osen discrepar. Que su conducción haya recaído en un tuitero libertario que juró que jamás aceptaría un trabajo en el Estado y que ahora luce encantado de haber asumido como comisario a sueldo para replicar a los periodistas agrega patetismo a un dispositivo cuyo verdadero propósito es la estatización de la verdad, paradoja insondable en un gobierno que dice renegar del Estado pero no duda en apropiarse de la facultad divina de definir qué es real y qué no lo es.

Porque la verdad, esa palabra tan invocada como maltratada, no es ni puede ser una propiedad que se posea ni un título que se otorgue por decreto. Los antiguos griegos la llamaban aletheia, que significa desocultamiento, revelación, aquello que emerge del diálogo y la confrontación de perspectivas diversas, no la imposición violenta de una versión única respaldada por la fuerza del Estado. Platón advertía que la verdad no se inscribe en el alma como una marca sobre una tablilla de cera, sino que requiere del esfuerzo compartido de la interrogación y la refutación para abrirse paso entre las sombras de la opinión. Heidegger recuperaría esta comprensión para recordarnos que la verdad es acontecimiento, apertura, claro del ser, y nunca clausura dogmática ni uniformidad impuesta desde el poder. Cuando el gobierno crea una oficina destinada a custodiar y administrar la verdad, lo que en realidad está haciendo es confesar su profunda desconfianza hacia ese proceso vivo y siempre inacabado que es la búsqueda colectiva de sentido, y su decisión de reemplazarlo por un mecanismo burocrático que garantice la producción serializada de certidumbres oficiales.

Los críticos del kirchnerismo señalaron en su momento los aspectos más negativos de la secretaría de coordinación estratégica para el pensamiento nacional, denunciando su sesgo totalitario y su función como herramienta de propaganda destinada a dividir la sociedad entre lo nacional y lo anti-nacional, entre los argentinos auténticos y aquellos etiquetados como enemigos. Aquellas advertencias, que entonces parecían exageradas, adquieren hoy una vigencia sobrecogedora al comprobar cómo el mileísmo reproduce el mismo dispositivo con signo ideológico invertido pero idéntica pretensión hegemónica. La oficina de respuesta oficial es a Javier Milei lo que aquella secretaría fue a Cristina Fernández de Kirchner: un intento de institucionalizar el pensamiento único, de blindar al líder contra toda crítica, de fabricar una realidad paralela donde las derrotas se conviertan en victorias y los fracasos en gestas épicas.

El dato de los 226 funcionarios de alto rango despedidos en apenas 790 días de gestión constituye, en este contexto, mucho más que una estadística administrativa. Cada una de esas salidas forzadas representa la expulsión de una voz que en algún momento osó discrepar, cuestionar, o simplemente plantear un matiz o un reparo que el líder consideró una afrenta a su autoridad indiscutible. Profesionales de indiscutida solvencia técnica que se incorporaron al gobierno con genuino entusiasmo transformador han tenido que optar por el silencio cómplice o la talibanización progresiva, cuando no por la renuncia humillante precedida de campañas sucias orquestadas desde las catacumbas del poder. Para el jefe, los funcionarios pueden pasar de genios a traidores en cinco segundos, y esa volatilidad genera un clima de inseguridad y temor que paraliza la iniciativa, desalienta la excelencia y termina seleccionando negativamente a los cuadros más valiosos. También el kirchnerismo exhibió esta misma propensión a la degollina administrativa, este mismo hábito de confundir la necesaria cohesión del equipo de gobierno con la uniformidad castrense que excluye la posibilidad misma del desacuerdo.

La resistencia estructural al disenso y el desprecio profundo por el diálogo que caracterizan al mileísmo no constituyen meros rasgos temperamentales, sino que responden a una concepción del poder que encuentra en la eliminación de toda mediación institucional el camino más expeditivo hacia la concentración decisoria. El Congreso debe ser una mera escribanía, un obstáculo que sortear sin debatir ni preguntar. La prensa debe ser domesticada o amedrentada, reducida a correa de transmisión del relato oficial. Los organismos técnicos deben plegarse sin reservas a las directivas políticas. ¿No era esta misma lógica la que imperaba cuando el kirchnerismo intervenía el INDEC para fabricar estadísticas a medida de sus necesidades, cuando descalificaba a los periodistas críticos como voceros del golpismo mediático, cuando trataba a los gobernadores díscolos como traidores a la patria? La continuidad es tan perfecta que resulta casi grotesca, y sin embargo la polarización afectiva que domina nuestra vida pública impide reconocer estas similitudes estructurales bajo las gruesas capas de enfrentamiento retórico.

Lo que subyace detrás de estas prácticas convergentes es una misma incapacidad para concebir la política como espacio de encuentro entre perspectivas diversas, como negociación permanente entre intereses legítimos pero contrapuestos, como construcción lenta y trabajosa de consensos siempre provisorios. Tanto el kirchnerismo como el mileísmo profesan, cada uno a su manera, una concepción redentora de la política que promete la cancelación definitiva del conflicto mediante la adhesión incondicional a la voluntad del líder iluminado. Para los primeros, esa redención adoptaba la forma de la patria liberada del yugo neoliberal; para los segundos, asume la figura de la república refundada sobre las ruinas de la casta parásita. Pero en ambos casos la promesa de salvación opera como coartada para la concentración del poder, la anulación de los controles institucionales y la persecución de toda voz discrepante.

¿Qué habría pasado si en aquella noche de sushi algún diputado se hubiera parado y, respetuosamente, le hubiera dicho a la secretaria general que prefería leer los proyectos antes de votarlos? La respuesta puede inferirse del destino corrido por los 226 funcionarios que osaron discrepar: la guillotina, el destrato, el desaire brutal y la ejecución fulminante. Bertrand Russell advertía que la obediencia ciega es el verdadero enemigo de la libertad, y esa advertencia resuena con urgencia en una Argentina donde los propios legisladores aplauden cuando se les ordena votar sin leer, donde los funcionarios agachan la cabeza para no quedar expuestos, donde periodistas y artistas miden cada palabra pública ante el temor de desatar la jauría digital que opera bajo bendición oficial.

Leer antes de votar lleva más tiempo y obliga a ejercitar el diálogo, la explicación y los consensos. Así es la democracia republicana: quizá más engorrosa y aburrida, pero mejor que cualquier atajo. Esta verdad elemental parece haberse extraviado en una concepción del poder que confunde la eficiencia gubernamental con la atropellada concentración decisoria, y la fortaleza institucional con la uniformidad ideológica. La oficina de respuesta oficial, como antes la secretaría de coordinación estratégica para el pensamiento nacional, es hija dilecta de esta confusión y síntoma elocuente de una enfermedad política que afecta a gobiernos de muy diverso signo pero idéntica vocación autocrática. Mientras la sociedad argentina no aprenda a reconocer estas continuidades estructurales más allá de las simpatías partidarias, mientras siga celebrando como innovación revolucionaria lo que no es más que repetición de viejas prácticas autoritarias con nuevo ropaje retórico, seguirá condenada a oscilar entre variantes de un mismo patrón de concentración del poder y aniquilamiento del disenso. La verdad, esa palabra tan grande, merece mejor suerte que ser reducida a mercancía política administrada por burócratas tuiteros encantados de haber sido investidos por decreto como sus dueños exclusivos. Merece, sobre todo, ser buscada colectivamente en el espacio público, con todas las incomodidades y demoras que esa búsqueda implica, porque es en ese proceso siempre inacabado, nunca clausurable, donde reside la dignidad irrenunciable de la democracia.