La Corte Suprema revocó la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal de Entre Ríos denunciante de Uribarri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró nula la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien investigó la causa que llevó a la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión por corrupción.

La decisión fue unánime, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes revocaron el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y anularon todo lo actuado desde la conformación del jury que apartó a Goyeneche de su cargo.

Falta de garantías y nulidad del proceso

La Corte concluyó que se violaron principios fundamentales del debido proceso y de la defensa en juicio. Aunque el fallo no analizó las acusaciones específicas contra Goyeneche, destacó irregularidades graves en la conformación del órgano acusador y del Jurado de Enjuiciamiento, señalando la participación de integrantes con conflictos de interés. Además, cuestionó la omisión del Superior Tribunal provincial de analizar aspectos clave, como la imparcialidad del jurado y del proceso.

Entre los fundamentos, se criticó que dos miembros del jurado participaron previamente en la causa penal que originó el juicio político, lo que vulneraba las normas locales sobre recusación e inhibición. Asimismo, la designación irregular de uno de los integrantes del jurado fue calificada como inadmisible.

Antecedentes de la destitución

Cecilia Goyeneche, quien se desempeñaba como Procuradora Adjunta de Entre Ríos, fue destituida en 2022 tras ser acusada de mal desempeño. La imputación giraba en torno a su supuesto vínculo con Pedro Opromolla, un contador involucrado en el caso «Contratos de la Legislatura», que reveló el desvío millonario de fondos públicos mediante contratos ficticios. Se señaló que Goyeneche y su esposo compartían propiedades con Opromolla, aunque una de ellas ya había sido vendida.

Goyeneche siempre sostuvo que la acusación era una represalia política por sus investigaciones sobre corrupción. “Lo que hicieron da asco”, expresó tras ser apartada, calificando el proceso como un intento por evitar futuras investigaciones contra el poder político.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte enfatizó que la destitución de Goyeneche estuvo plagada de irregularidades y cuestionó la asimetría en el tratamiento de las garantías procesales por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Según el fallo, la falta de imparcialidad y las decisiones arbitrarias descalificaron el juicio político desde su inicio.

El juez Ricardo Lorenzetti amplió los fundamentos destacando la necesidad de que los jueces argumenten sus decisiones de manera clara y fundamentada. “No basta con los resultados; los argumentos deben ser comprensibles para la sociedad, asegurando el respeto al Estado de Derecho”, afirmó.

La decisión de la Corte Suprema marca un precedente importante en la revisión de procesos de juicio político, reafirmando que incluso en el ámbito político, las decisiones deben respetar principios constitucionales. Aunque la nulidad no restituye automáticamente a Goyeneche en su cargo, su caso reabre el debate sobre el uso del poder judicial en contextos de alta sensibilidad política.