La CGT se prepara para llevar a la Justicia la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional si el proyecto es aprobado por el Congreso sin modificaciones. Así lo confirmó el cotitular cegetista Jorge Sola, quien advirtió que la iniciativa oficial presenta “violaciones a conceptos de carácter constitucional”.
En declaraciones radiales, Sola señaló que la central obrera profundizará el diálogo con legisladores de distintos bloques para intentar introducir cambios en los artículos que consideran perjudiciales para los trabajadores y para la actividad sindical. Sin embargo, aclaró que, en paralelo, el equipo jurídico de la CGT ya inició el análisis técnico de la norma para definir una eventual estrategia de impugnación.
El mismo cuerpo de abogados fue el que, a fines de 2023, presentó el amparo contra el DNU 70, que derivó en la declaración de invalidez constitucional del capítulo laboral de ese decreto.
Uno de los puntos centrales que la CGT objetará es el artículo 88 del proyecto, que reglamenta el derecho de huelga en sectores como transporte, educación, salud y servicios estratégicos. La iniciativa establece niveles mínimos de actividad durante las medidas de fuerza: un 75% de funcionamiento para los servicios considerados esenciales y un 50% para los catalogados como trascendentales.
Entre los servicios esenciales se incluyen, entre otros, la salud, el suministro de agua y energía, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, los servicios aduaneros y migratorios, la educación obligatoria y la recolección de residuos.
En tanto, se consideran actividades de importancia trascendental la producción de medicamentos, el transporte terrestre y subterráneo, los medios de comunicación, la industria alimenticia, la actividad minera, los servicios logísticos, bancarios, hoteleros, gastronómicos y el comercio electrónico, además de los sectores vinculados a compromisos de exportación.
Desde la CGT sostienen que esta regulación es más restrictiva que lo establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumento que ya fue clave en el fallo judicial que invalidó disposiciones similares incluidas en el DNU 70.
Las objeciones no se limitan al ámbito sindical. El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que la redacción del artículo podría derivar en una nueva ola de judicialización. En ese sentido, consideró que algunos pasajes del proyecto resultan “difusos” y generan incertidumbre jurídica.
Triaca también señaló otros puntos sensibles de la reforma, como la discusión sobre la ultraactividad de los convenios colectivos y la prelación entre convenios por empresa y acuerdos nacionales o regionales. Según explicó, una falta de equilibrio en estos aspectos podría afectar tanto a los trabajadores como a los empleadores y dificultar la generación de empleo formal.
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